Foto: Gobierno de México
El Estado de México presentó una ruta interinstitucional para coordinar la atención de menores y adolescentes víctimas de violencia. La iniciativa contempla mecanismos de colaboración entre dependencias públicas con el objetivo de actualizar la política de respuesta institucional y agilizar la atención a este sector de la población.
Durante la Mesa de Trabajo de la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, autoridades estatales dieron a conocer la una política que apunta a atender a menores y adolescentes víctimas de violencia. Asimismo, las instituciones participantes acordaron intercambiar y actualizar información para consolidar una atención articulada y oportuna.
Por su parte, el comunicado del gobierno mexiquense no detalló las acciones del nuevo protocolo y en cambio dedicó espacio a una narrativa política confusa. En la misiva, destacó obviedades como "la coordinación es fundamental para brindar entornos seguros para el bienestar y desarrollo integral de la niñez y adolescencia".
La comisión también coordina acciones relacionadas con compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, entre ellos la denominada Agenda 2030 de Naciones Unidas (ONU). Sus estrategias abarcan la aplicación y vigilancia de las leyes, la promoción de normas protectoras, la creación de entornos seguros, el apoyo a padres y cuidadores, el fortalecimiento económico, la garantía de servicios de respuesta y apoyo, además de la educación y el desarrollo de habilidades para la vida.
Lo anterior fue descrito como algo conceptual, sin aterrizar casos o ejemplos de aplicación pero con impronta narrativa. El gobierno mexiquense no dejó claro en qué municipios se aplicará inicialmente y cuál es la fecha objetivo para evaluar su cumplimiento.
Representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de México, junto con organismos públicos autónomos, participaron en la reunión y refrendaron su compromiso de prevenir, atender, sancionar y erradicar las distintas formas de violencia que afectan a menores y adolescentes. El acuerdo también contempla mantener el intercambio de información entre las instituciones involucradas para fortalecer la coordinación en la atención de los casos.
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