Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un llamado urgente al Gobierno de El Salvador para que revise la reforma legal que impone prisión perpetua a personas menores de edad desde los 12 años. Según la ONU, esta medida contradice tratados internacionales de derechos humanos y vulnera principios esenciales sobre justicia juvenil.
El 26 de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para adolescentes acusados de delitos graves, como homicidio, violación o terrorismo. Esta decisión amplía una modificación previa, avalada el 17 de marzo, que estableció la pena perpetua como castigo máximo para adultos.
A través de su portavoz Marta Hurtado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó preocupación por la legislación aprobada. "Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales adoptados la semana pasada, que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos", señaló Hurtado en un comunicado emitido el 31 de marzo desde la oficina regional de la ONU en Panamá.
Solo tras 25 años de prisión se contempla revisar las penas impuestas a menores, según la disposición. Según la OACNUDH, este mecanismo "contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño", tratado ratificado por El Salvador en 1990, que establece que todo proceso penal juvenil debe enfocarse en la rehabilitación y reintegración social de los menores involucrados.
"El enfoque de detención prolongada es profundamente perjudicial para los niños y niñas, vulnera varios de sus derechos y afecta su desarrollo y bienestar a lo largo de la vida, reduciendo sus posibilidades de una reintegración exitosa en la sociedad", añadió Hurtado. Asimismo, el organismo hizo un llamado a mejorar las condiciones penitenciarias y garantizar el respeto a los derechos humanos de toda persona privada de libertad.
En reacción a las declaraciones de Naciones Unidas, el presidente salvadoreño Nayib Bukele defendió la reforma a través de su cuenta oficial en la red X. Allí afirmó que recomendaciones similares "prácticamente daban impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años", lo cual, según él, favoreció el reclutamiento de adolescentes por parte de estructuras criminales.
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño y UNICEF cuestionaron la legalidad de la reforma. En una declaración conjunta publicada el 29 de marzo, advirtieron que estas políticas contradicen principios jurídicos fundamentales y resultan "altamente costosas e ineficaces para prevenir el delito". Ambas organizaciones enfatizaron que la detención debe ser una medida de último recurso y por el período más breve posible.
El caso de El Salvador se suma a un debate global sobre el uso de penas extremas en menores de edad. Según la OACNUDH, este tipo de disposiciones sienta un precedente preocupante en la región y podría incentivar políticas penales incompatibles con el marco jurídico internacional en otros países.
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