Argentina llega a un acuerdo con el FMI para pagar su deuda

 28-01-2022
Patricia Manero
   
Portada | Internacional
Foto: alferdez.com.ar

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Alberto Fernández, presidente de Argentina anunció el 28 de enero que logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acuerdo se realiza en función de refinanciar el préstamo de más de 44 mil millones de dólares otorgados por el FMI a Argentina en 2018 en el gobierno de Mauricio Macri.

En su cuenta oficial de Twitter, el mandatario de Argentina aseguró, "hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional". Asimismo, indicó, "teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social".

Según palabras del propio Fernández, dicho acuerdo con el FMI no condiciona a Argentina ni los obliga a establecer una reforma laboral. En este sentido, Fernández aseveró, este acuerdo con el FMI promueve y respeta los planes de inversión de Argentina, "no nos impone llegar a un déficit cero".

El acuerdo entre Argentina y el FMI para pagar su deuda de más de 40 mil millones de dólares llega tras meses de intensas negociaciones. Estas negociaciones siempre estuvieron marcadas por la necesidad del gobierno de Argentina de extender los plazos de pagos, sobre todo ante el embate de la pandemia de Covid-19.

Por otro lado, el FMI en su declaración de prensa, expresó: "El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a entendimientos sobre políticas clave como parte de sus discusiones en curso sobre un programa respaldado por el FMI". Las principales áreas del acuerdo entre Argentina y el FMI incluyen un sendero de consolidación fiscal, el cual formará un ancla de política clave del programa.

Bajo esta línea, el sendero fiscal acordado busca mejorar de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reducir el financiamiento monetario de Argentina. Es importante destacar, también permitirá aumentar el gasto en infraestructura, ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados. Se acordó que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público.




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