Ciudad de México,
Patricia Manero
Crédito foto: Pixabay
El gobierno de Argentina promulgó la ley de emergencia alimentaria nacional, la cual "garantiza en forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población" en la nación argentina, a través del decreto 667 publicado el 30 de septiembre de 2019 en el Boletín Oficial. En este sentido, este 30 de septiembre también se conocerá la cifra de pobreza correspondiente al primer semestre de 2019, calculada por INDEC.
Igualmente, los datos de marzo arrojaron un índice de 32 por ciento, alrededor de 14,3 millones de personas en pobreza, e indigencia del 6,7 por ciento. La consultora Elypsis estima, el INDEC reportará que cerca del 35 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza.
Mauricio Macri, presidente de Argentina, fue quien firmó el decreto, que dispone de un "incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".
Asimismo, la ley faculta a partir del 1 de enero de 2020, hasta el final de la emergencia nacional, al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar de forma trimestral las partidas presupuestarias que correspondan a políticas públicas nacionales en materia de alimentación y nutrición.
Para ello, se tomará como referencia el aumento de la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor referente al rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, así como la variación de la Canasta Básica, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
De esta manera, también faculta al poder Ejecutivo a disponer las ampliaciones y reestructuraciones presupuestarias, así como las decisiones administrativas para un abordaje efectivo de la emergencia nacional. El decreto detalla, "las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad Servicios Sociales".
En este sentido, el decreto responde a las necesidades del pueblo argentino, así como al aumento de la pobreza en la nación. Asimismo menciona, el derecho a una alimentación adecuada debe ser asumido como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral y dentro de un contexto de políticas públicas, contemplada en cada ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional aprobada por el Congreso de la Nación.