Foto: Andrea Puentes - Presidencia
Una consulta laboral frustrada, un decreto presidencial que agita la institucionalidad y un atentado contra un precandidato: esta fue la secuencia que encapsuló una semana inquietante en Colombia. En un país que intenta superar su historia violenta, la bala que hirió a Miguel Uribe Turbay no solo impactó a un político, sino que reactivó un trauma colectivo.
El sábado 7 de junio de 2025, durante un acto en Bogotá, Uribe Turbay fue baleado por un menor de edad, según informaron las autoridades. El senador del partido Centro Democrático permanece grave y la nación observa con tensión su evolución médica. El ataque ocurrió pocas horas después de que el político anunciara que demandaría a los ministros que firmaran un polémico decreto presidencial.
Gobierno convoca reunión urgente para blindar seguridad de precandidatos presidenciales
El Ministerio del Interior convocó una sesión extraordinaria de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de Procesos Electorales, programada para este lunes 9 de junio de 2025. La reunión buscará garantizar la seguridad de los precandidatos presidenciales con miras a los comicios de 2026.
Encabezada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, la Comisión abordará el estado de las medidas de protección para quienes aspiran a la Presidencia de la República. “Buscaremos que los candidatos tengan las garantías necesarias de protección y seguridad en la campaña para que puedan realizar sus actividades de en todo el país”, expresó Benedetti.
El organismo está conformado por representantes de entidades clave del Estado como los ministerios de Defensa, Hacienda, Relaciones Exteriores y Tecnologías de la Información, así como la Fiscalía General, la Procuraduría, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y representantes de partidos y movimientos políticos. También participan organismos de seguridad como las Fuerzas Militares, la Policía y la Unidad Nacional de Protección.
En el marco de esta reunión, el ministro hizo un llamado a la Fiscalía para investigar el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. “No es momento de aprovechar este escabroso atentado para fines políticos. Es el momento de hacer un llamado a la unidad”, añadió.
Finalmente, Benedetti afirmó que dicho ataque “es un ataque contra la democracia, la libertad de pensamiento y el ejercicio legítimo de la política en Colombia”. Destacó que cualquier intento de intimidar a los actores políticos “merece el más profundo repudio por parte del Estado y la ciudadanía”.
La raíz del conflicto está en la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro. Tras ser rechazada por el Congreso, Petro anunció que lanzaría una consulta popular mediante decreto, una medida que ha sido tachada de inconstitucional. "Ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va", escribió el mandatario en su cuenta de X. La respuesta desde la oposición fue inmediata y feroz.
En medio del enfrentamiento, el atentado contra Uribe Turbay agitó aún más las aguas. Críticos del Gobierno apuntaron directamente a la retórica presidencial. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó en X que el ataque era "una amenaza directa a la democracia" y el resultado de "la violenta retórica izquierdista".
Petro rechazó el señalamiento y condenó lo que calificó como "el intento oportunista, bajo, de truhan" de utilizar políticamente el atentado. Sin embargo, los paralelismos con los años más cruentos de la historia política colombiana no tardaron en surgir. Investigadores como Laura Bonilla de la Fundación Pares alertan sobre la resonancia simbólica de este hecho en una nación que recuerda aún los asesinatos de candidatos presidenciales a fines de los años 80.
Según información de la BBC, este episodio revive imágenes de aquella época: entre 1989 y 1990, tres aspirantes a la presidencia fueron asesinados, entre ellos Luis Carlos Galán, padre del actual alcalde de Bogotá. La madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, también murió en ese período, durante un intento fallido de rescate tras su secuestro por hombres de Pablo Escobar.
Aunque los datos actuales, como la tasa de homicidios de 25,4 por cada 100 mil habitantes en 2024, muestran un panorama menos violento que el de hace décadas, el impacto emocional del atentado no puede subestimarse. El temor no está solo en las cifras, sino en la posibilidad de que la política vuelva a resolverse por la fuerza.
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