Ciudad de México,
Axel Olivares
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El centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz cerraría gradualmente este verano, según indicó The NewYork Times. El proceso incluiría el traslado de detenidos y el desmantelamiento posterior de la instalación. Su cierre tendría lugar luego de una serie de escándalos que atravesaron a la joven instalación.
Este martes 12 de mayo, proveedores del lugar fueron informados de que los detenidos serían trasladados a comienzos de junio, de acuerdo con tres personas familiarizadas con las operaciones citadas por The New York Times. El centro está ubicado en los Everglades de Florida y fue presentado por republicanos como una pieza clave de la política migratoria restrictiva del presidente Donald Trump.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reconoció los rumores sobre el cierre y dijo que la instalación siempre fue concebida como temporal. "Si apagamos las luces mañana, podremos decir que cumplió su propósito", declaró el jueves 7 de mayo.
DeSantis reiteró este miércoles 13 de mayo que todavía no recibió una notificación oficial del Gobierno federal sobre el cierre del sitio. También afirmó que Alligator Alcatraz permitió deportar a 22.000 personas desde su fundación, el 1 de julio de 2025.
La oficina de DeSantis le encomendó a la División de Gestión de Emergencias de Florida, encargada de supervisar la instalación para responder preguntas. Un portavoz de esa división sostuvo que "si las necesidades operativas federales evolucionan y el Departamento de Seguridad Nacional [DHS] implementa planes alternativos para el centro de detención del sur de Florida, el estado se adaptará a ese proceso".
El Departamento de Seguridad Nacional negó que presione al estado para terminar las operaciones. "Cualquier informe de que el DHS está presionando al estado para que cese las operaciones en Alligator Alcatraz es falso", indicó la agencia.
Además, añadió: "Florida sigue siendo un socio valioso para impulsar la agenda migratoria del presidente Trump, y el DHS aprecia su apoyo. El DHS evalúa continuamente las necesidades y los requisitos de detención para garantizar que cumplan con los requisitos operativos más recientes".
No está claro adónde serán trasladados los detenidos. El sitio albergaba a casi 1.400 personas a comienzos de abril, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. DeSantis dijo la semana pasada que, si el centro cerraba, los detenidos podrían ser enviados a instalaciones del DHS y el pequeño aeropuerto volvería a sus operaciones normales.
En julio de 2025, el estado inauguró el centro tras construirlo rápidamente sobre la pista del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, a menos de 80 kilómetros al oeste del resort de Trump en Miami Beach. En ese momento, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó que el lugar era "una forma eficiente y de bajo costo para ayudar a llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos".
Fuente: White House
La instalación se ubicaba en medio de un pantano lleno de caimanes. El gobernador DeSantis afirmó en ese momento: "Claramente, desde una perspectiva de seguridad, si alguien escapa, ya sabes, hay muchos caimanes con los que tendrás que lidiar".
La apertura generó una reacción inmediata de legisladores demócratas, defensores de derechos de inmigrantes, ambientalistas y grupos tribales cuyas tierras rodean el centro. Legisladores que visitaron la instalación describieron una situación inhumana para los presos: desde migrantes confinados en jaulas, hasta personas sometidos a calor sofocante, insectos y comidas escasas. Por su parte, funcionarios de ICE defendieron el lugar y afirmaron que ofrecía estándares superiores a muchas prisiones de Estados Unidos.
Alligator Alcatraz también enfrentó disputas judiciales antes de los reportes de cierre. En agosto de 2025, la jueza de distrito del sur de Florida, Kathleen M. Williams, frenó el traslado de nuevos reclusos y el desarrollo de infraestructura. Determinó que el gobierno violó la Ley Nacional de Políticas Medioambientales (NEPA) al no realizar estudios de impacto ambiental en los Everglades.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito anuló el fallo de la jueza Williams. El tribunal argumentó que la ley federal de medio ambiente no aplicaba aún, ya que el estado de Florida financió la construcción con sus propios fondos. A pesar de la victoria judicial, la presión de los grupos ambientalistas, las denuncias por condiciones insalubres y el gasto diario de un millón de dólares habrían vuelto financieramente inviable el proyecto para el estado.