Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Con la reforma al Poder Judicial promulgada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la elección de jueces, ministros y magistrados con voto popular se encuentra en polémica por el futuro de la impartición de justicia. Si bien algunas encuestas indicaron que 37.2 por ciento de los ciudadanos desconfía del este poder en Bolivia, el país gobernado por Luis Arce Catacora es el ejemplo latinoamericano de una judicatura que ha pasado por dos periodos de elecciones de jueces por voto popular.
Para el observatorio económico: México, ¿Cómo Vamos?, la reforma al Poder Judicial aumenta la incertidumbre respecto al clima de negocios e inversión extranjera directa (IED). Con análisis y comentarios de agentes del sector privado mexicano, como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) el consenso indicó preocupación sobre las repercusiones financieras de la reforma.
Si bien expertos consultados por el observatorio informaron tener un pronóstico negativo de la impartición de justicia en México ante la reforma, la situación actual de la judicatura es desfavorable. De acuerdo con las últimas cifras Impunidad Cero, solo 14 por ciento de los ciudadanos consideran que la impunidad ha disminuido, y y 60% opinan que los actos delictivos no son llevados ante un juez.
Bajo esta línea, los pronósticos de la reforma judicial en México son complejos, y comparado con Bolivia, no existe la experiencia para medir el impacto del nuevo sistema de elección popular. Cabe señalar que, a través del Referéndum Constitucional de 2009, el país estableció que los jueces del Poder Judicial sean electos con el voto ciudadano.
Desde el establecimiento del voto universal en 1956, la ciudadanía boliviana ha votado por los servidores del poder judicial en dos ocasiones: 2011 y 2017. Según la información del Centro de Documentación y Análisis de la Cámara de Diputados consultada por NotiPress, esta regulación de funcionarios y la economía ocurrieron durante el gobierno del expresidente Evo Morales.
Al igual que en la reforma impulsada por el Ejecutivo Federal en México, la candidatura de los servidores públicos requiere contar con requisitos impuestos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En un estudio de la revista Scielo, voceros de las autoridades en La Paz indicaron que estos requisitos son:
- Boliviano de origen con deberes militares cumplidos
- 35 años de edad cumplidos al momento de la convocatoria
- Título de abogado con padrón electoral y 10 años de experiencia en la judicatura, sea a nivel profesional o de cátedra
- Sin antecedentes penales excepto rehabilitación concedida por el Senado
- Sin pliego de cargo ejecutoriado
Por su parte, en un artículo de 2019 publicado por el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dos expertos en investigación sobre justicia informaron los resultados de la reforma en Bolivia. Al respecto, los puntos más importantes señalaron que este modelo necesita mejores sistemas de evaluación del desempeño de los funcionarios en la práctica. Asimismo, tiene el potencial de mejorar la impartición de justicia si se designan otros funcionarios y servidores de menor rango entre las autoridades.
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