Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que busca proteger los derechos civiles y ampliar las oportunidades individuales al eliminar la preferencia por diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las contrataciones federales como prioridad absoluta. La medida, anunciada el 22 de enero de 2025, ordena a las agencias gubernamentales combatir la discriminación en el sector privado y refuerza el cumplimiento de las leyes de derechos civiles vigentes.
Según la orden ejecutiva, las contrataciones, promociones y evaluaciones de desempeño en el gobierno federal se basarán en el desempeño, la iniciativa y las habilidades individuales, dejando de lado factores relacionados con la DEI. Asimismo, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) deberá optimizar los procesos de contratación para mejorar su eficiencia y reducir costos.
Entre las disposiciones clave, se revoca la orden ejecutiva 11246, la cual exigía acción afirmativa en contrataciones federales. Además, se prohíbe a la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales presionar a los contratistas para equilibrar su fuerza laboral según criterios de raza, sexo, identidad de género, orientación sexual o religión. La orden también establece que los contratistas federales deberán afirmar de manera inequívoca su compromiso de no incurrir en discriminación ilegal.
Asimismo, el Departamento de Justicia y el Departamento de Educación han recibido instrucciones de emitir guías sobre el cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema en el caso Students for Fair Admissions v. Harvard, relacionado con las políticas de admisión en instituciones educativas.
Por otro lado, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó el 15 de noviembre de 2024 una reforma constitucional para garantizar la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y la erradicación de la brecha salarial de género. La reforma modifica diversos artículos de la Constitución para fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y establecer medidas concretas para la equidad de género en el ámbito laboral y administrativo.
La reforma mexicana establece que "a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad" y que las autoridades deben garantizar el principio de paridad de género en los nombramientos públicos, así como la creación de fiscalías especializadas para la atención de la violencia de género (mayor costo para el Estado).
Según la Casa Blanca, la orden ejecutiva de Trump busca restaurar valores como la dignidad individual, el trabajo arduo y la excelencia, poniendo fin a los mandatos de equidad implementados durante la administración de Joe Biden. En el sector privado, se considera que la DEI ha afectado negativamente a empresas e instituciones, promoviendo prácticas de empleo y admisiones sesgadas.
Esto llevó al gobierno de Trump a argumentar que los recursos destinados a programas DEI no han cumplido con su propósito de reducir prejuicios o fomentar la inclusión, sino que, por el contrario, han exacerbado la hostilidad y los conflictos interpersonales. La orden ejecutiva pone en relieve la visión de que las oportunidades en Estados Unidos deben basarse en el trabajo duro, la competencia y la iniciativa individual.
En contraste, la administración de Sheinbaum ha subrayado la necesidad de impulsar políticas de equidad de género como un derecho constitucional, garantizando la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos sociales y laborales.
Esta divergencia en políticas públicas refleja enfoques opuestos sobre la diversidad y equidad en el ámbito laboral y gubernamental, con Estados Unidos eliminando programas DEI y México fortaleciendo sus compromisos con la igualdad de género. Por parte de Estados Unidos, la iniciativa responde a la escalada en años recientes de la ideología "woke" cuya base es la victimización entre una polarización del bueno y el malo, dejando de lado la capacidad humana de aspirar a una mejor forma de vivir mediante la aspiración.
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