Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Instagram: Partido Nacional de Honduras
Una revisión total de las actas electorales en Honduras fue aprobada recientemente por el Congreso, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya proclamó como presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura. Esta decisión, que reabre el escrutinio de las elecciones generales de 2025, plantea nuevas interrogantes sobre la estabilidad del proceso democrático en el país.
La iniciativa fue promovida por diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) durante una sesión extraordinaria del Congreso Nacional. En ella, se solicitó el recuento del 100% de las actas de cierre de las juntas receptoras de votos correspondientes a los niveles presidencial, legislativo y municipal. La votación se realizó con la ausencia de más de 70 diputados opositores, quienes denunciaron haber sido impedidos de ingresar al hemiciclo.
Asfura, del conservador Partido Nacional, fue declarado presidente electo el 24 de diciembre de 2025, según los resultados oficiales del CNE. En esa instancia, el organismo informó que Asfura obtuvo el 40.26% de los votos frente al 39.54% del centrista Salvador Nasralla, con el 99.93% de las actas contabilizadas. La publicación de estos resultados se completó antes del 31 de diciembre, cumpliendo los plazos legales establecidos.
Sin embargo, la revisión parlamentaria ahora busca recontar más de 19 mil actas, alegando supuestas irregularidades en el proceso original. "Pueblo hondureño, no podemos permitir el robo de las elecciones por medio de un monumental fraude electoral en que se violentó el derecho del libre sufragio, injerencia extranjera y corrupción del TREP", expresó Luis Redondo, presidente del Congreso y promotor de la medida. Aclaró también: "el pleno de hoy no está pidiendo la anulación de las elecciones".
El proceso electoral estuvo marcado por tensiones internas en el CNE, retrasos administrativos y la transferencia de 2,792 actas con inconsistencias al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), organismo encargado de emitir un informe definitivo antes del 20 de enero. De acuerdo con expertos jurídicos citados por medios locales, la proclamación presidencial del CNE y el envío de actas al TJE representan el cierre formal del proceso, por lo que la nueva revisión carecería de efectos vinculantes.
La presidenta saliente, Xiomara Castro, afirmó públicamente que respetará la decisión del CNE y entregará el poder el 27 de enero, conforme al calendario constitucional. Paralelamente, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación ante el desarrollo de los acontecimientos y lamentó que "un grupo reducido de diputados adoptara resoluciones sin respetar la pluralidad parlamentaria".
Hasta la fecha, no existe evidencia oficial capaz de confirmar que el nuevo escrutinio pueda modificar los resultados proclamados por el CNE. La decisión final dependerá del informe que emita el TJE, órgano facultado para resolver cualquier controversia pendiente del proceso electoral.