Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)/ Imagen ilustrativa
Ucrania denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que más de 1.000 ciudadanos cubanos firmaron contratos con el Ejército ruso entre 2023 y 2025. La acusación incluye posibles engaños durante el reclutamiento y casos de personas retenidas ilegalmente en el servicio militar, cuya liberación exige el Gobierno ucraniano.
Durante un encuentro celebrado el 19 de octubre en Nueva York, el representante permanente adjunto de Ucrania, Volodymyr Pavlichenko, presentó las cifras recopiladas por las autoridades de su país. El diplomático advirtió que los registros no reflejan necesariamente la magnitud completa del fenómeno y situó a Cuba entre los principales países de procedencia.
"Los ciudadanos cubanos están entre los cuatro mayores grupos nacionales representados en este reclutamiento", sostuvo durante su intervención ante representantes internacionales.Las dificultades económicas que atraviesa Cuba aparecen como un factor determinante en las denuncias sobre la captación de ciudadanos para las fuerzas armadas rusas. Algunas ofertas prometían empleos civiles en construcción, remodelación y servicios, acompañados de remuneraciones mensuales cercanas a 2.000 o 2.500 dólares.
Sin embargo, distintas investigaciones citadas en los reportes denuncian que algunos trabajadores terminaron firmando contratos militares redactados exclusivamente en ruso después de llegar al país. Estas circunstancias plantean interrogantes sobre el consentimiento de los reclutados, especialmente cuando existen acusaciones de engaño y dificultades para abandonar el servicio.
"La vulnerabilidad económica nunca debe convertirse en un pretexto para explotar a las personas y arrastrarlas a una guerra agresiva", declaró Pavlichenko.Según las estimaciones presentadas por Ucrania, alrededor de 20.000 extranjeros se habrían incorporado al Ejército ruso, incluidos ciudadanos procedentes de más de 40 países. Los reportes también mencionan decenas de cubanos fallecidos durante el conflicto, aunque las cifras difundidas presentan diferencias entre las distintas investigaciones.
El Gobierno cubano rechaza cualquier participación estatal en estas operaciones y asegura haber perseguido redes de trata vinculadas al reclutamiento militar. Las autoridades de La Habana también han informado sobre condenas de entre cinco y catorce años de prisión por delitos relacionados con mercenarismo.
Por otra parte, analistas e informes de inteligencia citados en las denuncias cuestionan si estas operaciones podrían desarrollarse sin conocimiento de las autoridades cubanas. Esas sospechas contrastan con la posición oficial de Cuba, que sostiene haber actuado contra las organizaciones responsables de captar ciudadanos.
La controversia llegó a Naciones Unidas durante un encuentro organizado por la misión estadounidense, encabezada por el embajador Mike Waltz, sobre derechos humanos en Cuba. Waltz también denunció que algunos ciudadanos fueron engañados mediante ofertas laborales, mientras otros habrían aceptado incorporarse atraídos por incentivos económicos.
Este reclamo coincidió con los preparativos de la Asamblea General para debatir nuevamente la resolución que pide levantar el embargo estadounidense contra Cuba. En ese contexto, Ucrania insistió en detener el reclutamiento y garantizar la liberación de quienes permanecen ilegalmente retenidos en el servicio militar ruso.