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Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que en dicho país el 82% de sospechosos de crímenes de odio no fueron procesados entre los años 2005 y 2019. Los fiscales estadounidenses investigaron a un total de mil 878 presuntos responsables de delitos cometidos por las características de la víctima como la raza, religión, origen nacional, orientación sexual e identidad de género.
Asimismo, el informe revela que actualmente los crímenes de odio dirigidos a la población de origen asiático han incrementado a raíz de la aparición del coronavirus. Dicho aumento también se relaciona directamente con la retórica del expresidente Donald Trump, quien culpaba a China por la propagación de la Covid-19.
Por su parte, Joe Biden firmó un proyecto de ley en mayo de 2021 que ordenaría al Departamento de Justicia acelerar la revisión de los delitos de odio relacionados con la pandemia y proporcione más recursos a la policía local para rastrear los incidentes. La medida que fue aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista exige establecer formas efectivas para informar los percances en línea y realizar actividades de divulgación pública. Todo esto bajo el contexto donde los atentados hacia personas de origen asiático se dispararon en casi un 150% durante el 2020, según las estadísticas.
Inclusive, en el mismo mes, el Fiscal General; Merrick Garland, anunció su propio plan de seis pasos para combatir dichos crímenes. En él se incluye aumentar los recursos y la coordinación, así como facilitar la revisión acelerada e incrementar las capacidades de acceso del departamento. Igualmente, dicho designio insta a fiscales estadounidenses de todo el país a "crear confianza" en las comunidades a las que sirven y de esta forma acrecentar el índice de denuncias. En este proyecto, Garland propone designar fiscales penales y civiles locales para que actúen como coordinadores de derechos.
Cabe destacar, en las leyes de Estados Unidos existen cuatro estatutos federales específicos por delitos de odio y en dichas actividades se prohíbe la interferencia intencional por amenazas o uso de la fuerza. El primero protege los derechos constitucionales al impedir que se discrimine en el acceso a la educación. Así como en la participación de programas administrados o financiados por cualquier estado y establece consecuencias para aquellos quienes cometan daños a la propiedad religiosa.
El segundo condena los actos intencionales de causar lesiones corporales o atentar contra la integridad de otro por motivos de intolerancia o discriminación, relacionados directamente con crímenes de odio. Mientras que el tercer estatuto aborda la injerencia criminal al derecho a la vivienda justa, en donde se sanciona la interferencia forzosa. Por su parte, el cuarto plantea la conspiración contra los derechos y prohíbe acciones que dañen el ejercicio de estos mismos por un ciudadano.
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