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A pesar de que el 19 de mayo pasado terminó el plazo de investigación preliminar del "caso Rolex" el cual recae sobre la presidenta Dina Boluarte y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, la historia no concluyó ahí. La mandataria peruana presentó recientemente una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional. La jefa de Estado argumenta un "menoscabo en el ejercicio de sus competencias y funciones".
El documento afirma que, luego de la sesión de Consejo de Ministros celebrada el 17 de mayo, se decidió que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, sería el encargado de llevar a cabo la demanda. Mientras que el procurador público especializado en materia constitucional sea quien represente al Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional.
La resolución ministerial 151-2024-PCM, firmada por Adrianzén, afirma en su artículo número 1 "disponer que el procurador público especializado en materia constitucional ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en el proceso competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución ministerial".
La denuncia del Poder Ejecutivo respondería al allanamiento de la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en Surquillo, como también al Palacio de Gobierno, ambas ocurridas el pasado 30 de marzo. Esta irrupción se dio como parte de las investigaciones por el "caso Rolex". Los argumentos presentados por el ejecutivo fueron que la mandataria no puede ser allanada sin que se le levante el antejuicio.
Como se mencionaba anteriormente, el 19 de mayo terminó el plazo de la investigación preliminar el cual realizó el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la mandataria y el gobernador regional de Ayacucho. Los pasos que siguen para continuar con "caso Rolex" es presentar una denuncia constitucional ante el Congreso en contra de Boluarte. De no ser así, el caso quedaría archivado.
Es por este motivo que el fiscal Villena señaló en el Congreso que en los próximos días se pronunciará sobre la denuncia a Dina Boluarte y a los otros funcionarios. Sin embargo, si Villena presenta la denuncia ante el ente legislativo, no hay probabilidades de que pase a una siguiente instancia ya que Boluarte tiene a su favor una gran mayoría en el Congreso. De todas formas, con la presentación de esta denuncia ante el Tribunal Constitucional, la presidenta busca frenar los cargos en su contra.
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