Ciudad de México,
Patricia Manero
Crédito foto: X @nayibbukele
Un avión con 238 venezolanos deportados por Estados Unidos aterrizó en El Salvador en la madrugada del domingo 16 de marzo, horas después de que un juez federal prohibiera la medida. Entre los deportados, según el presidente salvadoreño Nayib Bukele, se encontraban presuntos miembros del Tren de Aragua y 23 supuestos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
El traslado se realizó en abierto desacato a una orden del juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, quien había bloqueado la deportación por 14 días. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump ejecutó la expulsión de los detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, argumentando que representaban una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Bukele confirmó que los deportados fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde permanecerán por un año, con posibilidad de prórroga. "Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros", afirmó el mandatario salvadoreño en redes sociales.
Según reportes de la agencia AP, el gobierno salvadoreño habría acordado recibir a unos 300 deportados en sus cárceles a cambio de un pago de 6 millones de dólares.
Marco Rubio, secretario de Estado, agradeció la disposición de Bukele y lo calificó como "el líder de seguridad más firme de nuestra región". La administración Trump ha endurecido su política migratoria en los últimos meses, incluyendo la designación del Tren de Aragua y la MS-13 como organizaciones terroristas extranjeras.
El gobierno venezolano rechazó la medida de Trump, señalando que "evoca los episodios más oscuros de la historia humana, desde la esclavitud hasta los campos de concentración nazis". Además, hasta el momento, la administración estadounidense no ha proporcionado pruebas que confirmen la pertenencia de los deportados al Tren de Aragua o su participación en delitos dentro de EE.UU.
Mientras tanto, imágenes difundidas por Bukele muestran a los deportados esposados y encorvados, siendo escoltados hacia la "megacárcel" de El Salvador, una instalación con capacidad para 40,000 reclusos que ha sido objeto de críticas por parte de organismos de derechos humanos.
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador refuerza la relación entre ambos países en materia de seguridad, aunque la deportación masiva ha generado cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso y el impacto de estas políticas en la región.