Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
La administración de Donald Trump ordenó reclasificar la marihuana medicinal aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y con licencia estatal en Estados Unidos, al moverla de la Lista I a la Lista III de sustancias controladas. La decisión fue firmada por el fiscal general interino Todd Blanche y cambia el nivel regulatorio de ese tipo de cannabis, aunque mantiene intacta su ilegalidad a nivel federal para fines generales.
La Administración para el Control de Drogas tendrá una audiencia en junio para considerar una reclasificación más amplia. La orden coloca a la marihuana medicinal con licencia estatal en la Lista III que la DEA define como de "potencial moderado a bajo de dependencia física y psicológica". En esa lista aparecen esteroides anabólicos, ketamina y productos con menos de 90 miligramos de codeína, como el Tylenol con codeína. El cambio alinea parcialmente la regulación federal con decenas de estados que ya reconocen el uso medicinal del cannabis.
Qué cambia con la reclasificación
Fuente: White House
La medida modifica el estatus regulatorio de la marihuana medicinal autorizada bajo esquemas estatales, pero no equivale a una legalización federal completa. El comercio interestatal de marihuana sigue siendo ilegal y los mercados estatales continúan sujetos a una contradicción entre la normativa local y la ley federal.
Entre los cambios más relevantes se encuentran:
- la marihuana medicinal con licencia estatal deja la Lista I
- pasa a la Lista III, con una regulación menos estricta
- se mantiene la prohibición federal sobre el uso medicinal o recreativo en términos generales
- la DEA revisará en junio una posible reclasificación más amplia
Blanche sostuvo en un comunicado que la medida facilitará "la investigación sobre la seguridad y eficacia de esta sustancia", lo que, según afirmó, proporcionará "a los pacientes una mejor atención y a los médicos información más fiable".
Lo que no cambia para consumidores y estados
La reclasificación no elimina el choque entre las leyes estatales y la legislación federal. Actualmente, 40 estados permiten la marihuana con fines medicinales y 25 han legalizado el uso recreativo adulto. Aun así, el cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal.
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Ese punto mantiene vigente una advertencia para la industria y los usuarios. Jaret Seiberg, analista de TD Cowen, escribió que "el resultado más probable es el statu quo con los estados como reguladores principales del cannabis medicinal y recreativo", aunque esos mercados "seguirían incumpliendo la ley federal y estarían en riesgo de una represión si un presidente en algún momento decide actuar."
Por qué la medida tiene peso económico y político
El cambio también impacta a las empresas del sector. Mientras la marihuana permanecía en la Lista I, las compañías de cannabis enfrentaban una tasa impositiva efectiva cercana al 60% de los ingresos brutos antes de deducciones empresariales. Al pasar a la Lista III, el sector podría reducir esa carga fiscal.
Además, existen razones políticas y estratégicas detrás del giro en la política del Gobierno republicano. Trump ha mencionado que cerca del 82% de los estadounidenses apoya la reclasificación. Esta medida le permite ganar simpatía entre votantes jóvenes y sectores moderados que ven la prohibición como obsoleta.
Al acelerar el proceso mediante decretos ejecutivos, Trump buscó presentarse como el líder que logró lo que la administración de Joe Biden no concretó en años. Asimismo, la medida responde a un grupo demográfico clave (veteranos y ancianos) que utiliza cannabis para tratar dolencias de guerra o enfermedades crónicas, sectores con fuerte peso electoral.
Cómo se llegó a esta decisión
El proceso comenzó durante el gobierno de Joe Biden, que en 2022 pidió al Departamento de Salud y Servicios Humanos estudiar si la marihuana debía seguir en la Lista I. En 2023, un estudio de la FDA recomendó a la DEA trasladarla a la Lista III. Biden respaldó esa ruta, pero el proceso no avanzó.
Fuente: White House
La revisión tomó nuevo impulso cuando Trump firmó en diciembre de 2025 una orden ejecutiva que citó ese estudio e instruyó a la entonces fiscal general Pam Bondi a reclasificar el medicamento de la "manera más rápida". Ahora, con la firma de Blanche, el tema entra en una nueva fase regulatoria y tendrá una audiencia clave en junio ante la DEA.
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