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A finales de septiembre de 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que los ataques al espacio cívico y democrático en Venezuela se intensificaron. A su vez, señalan, como parte de esto, el gobierno de Nicolás Maduro utiliza políticas estatales para silenciar a la oposición o criticar la administración de esta. Nuevamente, la Misión Independiente de Investigación de la ONU en este país argumentó, la estructura represiva del régimen venezolano continúa amenazando los derechos humanos de la población.
Dicha acusación se da luego de que Nicolás Maduro anunciara su decisión de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Ordenando a los 13 funcionarios que forman parte de esta abandonen el país. De acuerdo con declaraciones del canciller Yván Gil, la determinación se dio ante el "incumplimiento" de la ONU en torno a los términos de cooperación descritos en la carta de entendimiento firmada en 2019.
De esta forma, el gobierno de Maduro argumenta, la ONU promovió una misión política de cambio de régimen, "ridícula y perversa "cuyos juicios son políticos y actúan atendiendo a sectores de extrema derecha. "Han promovido acusaciones inhumanas a Venezuela y exhibido planes de asesinar al presidente, causando caos y destrucción al pueblo". Con estos señalamientos, solicitan a la ONU el respeto de los principios de imparcialidad, universalidad y no injerencia en asuntos internos.
Por su parte, Nada Al-Nashif, comisionada adjunta de las Naciones Unidas, expresó su pesar ante la decisión del Gobierno de Venezuela para suspender las actividades de la Oficina de la ONU. Al considerar, esas medidas son incompatibles con los términos de la carta de entendimiento.
Posteriormente, aseguró, la cooperación de la ONU con la administración de Venezuela fue fructífera en 5 años de trabajo. Aunque insistió, aún queda mucho por hacer en cuanto a la formulación de proyectos de ley y elaboración de directrices de investigación de delitos contra la vida. Como parte de los cambios positivos, la alta comisionada, refiere, durante 2024 no se registraron incidentes relacionados con el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios.
Mas, la comisionada externó su preocupación en relación con los casos de arresto y detenciones arbitrarias, como consecuencia de la participación en manifestaciones, en contra del gobierno de Maduro. "En tanto Venezuela entra en un ciclo electoral con elecciones presidenciales, me preocupan las medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático". De este modo, recalca, los derechos humanos, la libertad de expresión, reunión y asociación son precondiciones necesarias para proteger los procesos electorales. Con ello, instó al Gobierno de Venezuela a garantizar procesos transparentes, inclusivos y participativos.
Entre otros asuntos, Al-Nashif hizo un llamado a autoridades de Venezuela para abstenerse de adoptar el Proyecto de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales. Pues este podría comprometer e impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria en el país.
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