Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Ilustración)
Votan los costarricenses el 1 de febrero de 2026 para elegir presidente en un contexto de violencia vinculada al narcotráfico, fenómeno que alteró la imagen histórica del país como un destino pacífico y turístico en Centroamérica.
Mientras se desarrolla la jornada electoral, la candidata del partido gobernante, Laura Fernández, encabeza las encuestas con amplio margen, impulsada por un discurso de endurecimiento penal frente al aumento de la delincuencia organizada. La exjefa de gabinete del presidente Rodrigo Chaves compite bajo la bandera del conservador Partido Soberano del Pueblo.
Para la candidata, el planteo es penas más severas contra pandillas, suspensión de derechos constitucionales en barrios con alta criminalidad y mayores facultades policiales para realizar registros y arrestos. La aspirante presidencial también propone una reforma judicial con límites al mandato de jueces, a quienes considera indulgentes con delincuentes reincidentes.
Costa Rica enfrenta un incremento sostenido de la violencia asociado a su ubicación estratégica y a sus puertos, utilizados por redes criminales para ocultar cocaína en cargamentos de fruta con destino a Estados Unidos y Europa. El número de homicidios alcanzó un máximo histórico en 2023 y se mantiene cercano a ese nivel debido a disputas territoriales entre bandas rivales.
Según datos oficiales, el gobierno incautó en 2025 cerca de 51 toneladas de cocaína, cifra considerada casi récord. En ese contexto, Fernández afirmó durante la campaña que va a aplicar medidas duras orientadas a sacar de circulación a delincuentes y ponerlos en la cárcel.
Líderes del sector turístico, actividad clave para la economía nacional, advirtieron que el repunte de la delincuencia amenaza la reputación internacional del país como uno de los destinos más seguros de América Latina. Las visitas de turistas extranjeros permanecen por debajo de los niveles previos a la pandemia, mientras la inseguridad figura como la principal preocupación ciudadana.
Las encuestas sitúan a la candidata con 44% de intención de voto, frente a cerca de 9% de su rival más cercano, Álvaro Ramos, entre un total de 20 candidatos. Aproximadamente una cuarta parte del electorado se declaró indeciso en la semana previa a los comicios. En caso de que ningún aspirante supere el 40%, se celebrará una segunda vuelta en abril.
Además del vargo a presidente, el país elige a los 57 integrantes de su congreso unicameral. Las urnas permanecen abiertas de 6:00 a 18:00 hora local y se esperan resultados preliminares durante la misma noche. El nuevo presidente asumirá funciones el 8 de mayo de 2026.
Ramos prometió incorporar 6.000 nuevos agentes policiales, construir cárceles adicionales y desplegar operativos en barrios con alta criminalidad y zonas turísticas. El candidato propone flexibilizar el déficit fiscal para aumentar el gasto educativo y otorgar al banco central un doble mandato orientado al crecimiento económico y al control de la inflación.
También plantea descongelar los salarios del sector público. En contraste, Fernández impulsa vínculos económicos más estrechos con Estados Unidos, se opone a nuevos impuestos, busca reducir el gasto estatal y propone vender dos bancos públicos.
El presidente Chaves, impedido constitucionalmente de buscar la reelección, completó un programa de préstamos con el Fondo Monetario Internacional, redujo el déficit fiscal y disminuyó la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto. Fernández sugirió la posibilidad de nombrarlo jefe de gabinete.
Fernández también propone ampliar la cooperación con la DEA y el FBI contra el narcotráfico y sostuvo reuniones con autoridades estadounidenses para abordar el flujo de drogas hacia ese país. La economía costarricense crecería 3,6% en 2026, con inflación negativa, bajo desempleo y una moneda fortalecida, según analistas citados en el texto fuente.
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