Ciudad de México,
Axel Olivares
Crédito foto: X @UGT_Comunica
La primera huelga general respaldada conjuntamente por los dos principales sindicatos de España en 14 años sacudió este miércoles 11 de noviembre al país con bloqueos de carreteras, fábricas paralizadas, enfrentamientos policiales y más de 40 detenidos. La movilización, convocada por la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y la Comiciones Obreras (CCOO) junto con organizaciones laborales y de inquilinos, trasladó a las calles el descontento por el precio de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas.
El Ministerio del Interior contabilizó 653 incidencias relacionadas con la huelga hasta las 14:00 horas, mientras las protestas afectaban centros industriales, accesos urbanos, servicios de transporte e incluso canales de televisión.
La jornada también abrió un nuevo frente de confrontación política para el presidente Pedro Sánchez, cuyo Gobierno enfrenta elecciones el 29 de noviembre después de perder una votación parlamentaria sobre medidas destinadas a contener la crisis habitacional.
Los mayores niveles de participación se registraron en sectores industriales y logísticos. UGT y CCOO estimaron un seguimiento del 90% en puertos y en la industria automotriz, con paros totales en instalaciones como las de Volkswagen en Navarra y SEAT en Barcelona. También reportaron una adhesión del 85% en la industria cárnica, 82% en la recogida de residuos y 75% en el sector energético.
En Cataluña, los piquetes bloquearon accesos a Mercabarna y provocaron interrupciones en la A-2, la Ronda Litoral y otras carreteras. En el País Vasco se registraron cortes puntuales y concentraciones en polígonos industriales.
El transporte operó bajo servicios mínimos, con prestaciones ferroviarias de entre el 50% y el 75% y aéreas de entre el 18% y el 85%, dependiendo del servicio.
La huelga también alteró la programación de los medios públicos. En Barcelona, alrededor de 50 manifestantes encapuchados irrumpieron en el plató de Cafè d'Idees, de RTVE, minutos antes de su emisión prevista a las 8:00 horas, y desplegaron pancartas reivindicativas.
La presentadora Gemma Nierga denunció que no podían realizar su trabajo y recordó que los periodistas son considerados servicios esenciales. Tras la intervención de los Mossos d'Esquadra, los manifestantes abandonaron las instalaciones y el programa pudo comenzar hacia las 8:48, sin nuevos incidentes. En Andalucía, Canal Sur Televisión interrumpió su señal y mostró una pantalla negra con un aviso que atribuía el corte a la huelga, mientras otras cadenas autonómicas modificaron sus emisiones habituales.
La tensión aumentó durante las concentraciones madrileñas. UGT denunció agresiones de agentes de la Policía Nacional contra integrantes de un piquete en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes de Fuencarral. Los dirigentes sindicales anunciaron medidas legales por distintas actuaciones policiales.
En el centro de Madrid, miles de manifestantes se concentraron en la Gran Vía. Un grupo intentó avanzar hacia el Congreso de los Diputados por la carrera de San Jerónimo, pero fue interceptado por agentes policiales.
El balance de arrestos incluyó 28 detenciones practicadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de 13 comunicadas por la Ertzaintza en el País Vasco y una por los Mossos d'Esquadra en Barcelona, relacionada con la quema de contenedores durante la noche anterior.
La magnitud de la participación se convirtió en otro terreno de disputa. Mientras las centrales sindicales destacaron el seguimiento en la industria, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) describieron un impacto bajo y desigual.
Las diferencias también fueron territoriales. En la Comunidad Valenciana, los sindicatos calcularon una participación media del 60%, con un seguimiento del 70% en la industria y el cierre completo del Puerto de València, salvo los servicios de urgencia.
En contraste, el Gobierno de la Comunidad de Madrid situó la adhesión en el 9,6% de su sector público autonómico. Su portavoz, Miguel Ángel García Martín, calificó la convocatoria como un "rotundo y auténtico fracaso, mayúsculo, de los sindicatos".
Los datos regionales mostraron diferencias entre actividades: 30% en colegios públicos al mediodía, 24,9% en el Metro de Madrid y 5% en hospitales.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, consideró que el paro laboral había sido "exitoso" y había superado las expectativas. Ante el inicio de las manifestaciones vespertinas, declaró: "A partir de ahora coge el relevo la movilización social".
La huelga tiene su origen en las movilizaciones desencadenadas por el desahucio de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada el 23 de septiembre de la vivienda madrileña donde había residido durante décadas. Su fallecimiento el 7 de octubre intensificó las protestas que ya habían llegado hasta la Puerta del Sol.
Ese mismo día, UGT y CCOO anunciaron su incorporación a la convocatoria impulsada por organizaciones de inquilinos. La protesta adquirió así una dimensión laboral que no había tenido en sus primeras manifestaciones.
La presión económica explica parte de ese salto. Según el Consejo de la Juventud de España, el alquiler medio alcanza los 1.176 euros mensuales, equivalentes al 98,7% del salario promedio de una persona joven. El Banco de España, por su parte, estima un déficit habitacional cercano a 750.000 viviendas.
Los convocantes reclaman:
En Terrassa, Barcelona, cientos de manifestantes ocuparon un edificio de la Sareb que, de acuerdo con los organizadores, llevaba once años vacío. El inmueble cuenta con aproximadamente quince viviendas que los participantes pretenden destinar a familias vulnerables.
La movilización ocurre después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre dos decretos gubernamentales sobre vivienda, con los votos contrarios del PP, Vox y Junts. Aquella derrota precedió a la decisión de Sánchez de adelantar las elecciones al 29 de noviembre.
La proximidad de los comicios provocó acusaciones de instrumentalización política. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que los sindicatos habían cometido "el error histórico más grande y profundo desde que tenemos democracia".
El portavoz del PP, Borja Sémper, afirmó que la huelga "va contra el sentido común", mientras Santiago Abascal, dirigente de Vox, acusó al presidente de enviar a sus "sindicatos mafiosos contra los trabajadores y comerciantes".
El Ejecutivo defendió el derecho de huelga y varios ministros respaldaron las reivindicaciones. Sin embargo, los sindicatos también responsabilizan al Gobierno central por la situación habitacional, pese a que este atribuye parte de los problemas a comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por la derecha.