Foto: Patricia Manero (NotiPress/Composición)
El Gobierno de Estados Unidos exigió a España poner fin, antes de que finalice agosto, a los contratos adjudicados a Huawei para el suministro de servidores y servicios de consultoría al Ministerio del Interior, valorados en más de 12,3 millones de euros. Según informó la cadena ABC, la advertencia incluye la posible limitación del intercambio de información clasificada, esencial para la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.
Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional estadounidense, inició una investigación formal sobre los contratos, ante sospechas de posibles vínculos de Huawei con los servicios de inteligencia chinos. En una carta enviada al Ejecutivo español, Gabbard señaló: "A finales de mes tendrá un informe que, de concluir que esos contratos se mantienen, derivará en una notable limitación del flujo de inteligencia compartida, crucial para las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas".
La principal preocupación radica en que la empresa, sujeta a las leyes de Inteligencia Nacional y de Seguridad de Datos de China, pueda verse obligada a entregar información a Pekín. Un boletín de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China advirtió que "parte de esas escuchas podrían acabar almacenadas en el sistema gestionado por Huawei" si se mantienen los contratos.
La presión también llega desde el Congreso estadounidense. Tom Cotton y Rick Crawford, presidentes de las comisiones de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes, pidieron "una revisión inmediata de la cooperación con España" y advirtieron del riesgo para la seguridad occidental. El portavoz de Cotton, Patrick McCann, afirmó: "Este celebra la revisión completa de las políticas de intercambio de inteligencia con España emprendida por la directora Gabbard, y urge al Gobierno español a cambiar de rumbo y revocar el contrato del Ministerio del Interior con Huawei antes de que sea ya tarde".
El Gobierno español sostiene que la adjudicación se otorgó por ser la oferta más asequible y que se ajusta a la legalidad vigente, aunque carece de ciertas cláusulas de seguridad que otros socios europeos han exigido.
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