Foto: YouTube HSI
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la incautación de un avión Dassault Falcon 900EX, propiedad y operado en beneficio de Nicolás Maduro y personas afiliadas a su régimen en Venezuela. La aeronave, valorada en 13 millones de dólares, fue confiscada en la República Dominicana y transferida al Distrito Sur de Florida a solicitud de las autoridades estadounidenses. La acción se basó en violaciones a las leyes de control de exportaciones y sanciones impuestas por Estados Unidos.
Por su parte, el fiscal general, Merrick B. Garland, informó que la aeronave fue adquirida ilegalmente a través de una empresa fantasma y contrabandeada fuera de Estados Unidos para el uso personal de Maduro y sus aliados. "El Departamento seguirá persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos", declaró Garland.
Matthew S. Axelrod, subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, enfatizó que esta incautación envía un mensaje contundente sobre la imposibilidad de evadir las leyes estadounidenses, sin importar la magnitud del bien o la influencia del individuo. "Trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave contrabandeada ilegalmente fuera de los Estados Unidos", añadió.
Markenzy Lapointe, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, destacó la importancia de la colaboración internacional en este caso, agradeciendo la asistencia de las autoridades de la República Dominicana. Según las investigaciones, el avión fue exportado ilegalmente de Estados Unidos a Venezuela en abril de 2023, donde ha sido utilizado principalmente en beneficio del régimen de Maduro, incluyendo el transporte del líder venezolano en visitas oficiales a otros países.
Así, el agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, Anthony Salisbury, afirmó que esta incautación pone en relieve el compromiso de su oficina para combatir las actividades ilícitas del régimen de Maduro. La investigación, que sigue en curso, involucró a múltiples agencias estadounidenses y contó con la cooperación de la HSI en Santo Domingo y la Oficina de Campo de Miami del Departamento de Comercio, refirió.
La Orden Ejecutiva 13884, emitida en agosto de 2019, prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con miembros del régimen de Nicolás Maduro, una medida destinada a proteger los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Este caso, según las autoridades, representa un ejemplo claro de la aplicación rigurosa de estas sanciones.
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