Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La aprobación inicial de una nueva reforma constitucional en Nicaragua abrió rápidamente un frente que supera la disputa política dentro del país centroamericano. Estados Unidos pidió a sus aliados reducir sus vínculos habituales con Managua y prepara una nueva ofensiva diplomática dentro del sistema interamericano.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, vinculó directamente esa petición con los cambios aprobados por la Asamblea Nacional nicaragüense. Washington considera que las nuevas restricciones electorales profundizan el deterioro democrático y justifican una respuesta coordinada con otros gobiernos de la región.
Rubio llamó a sus socios internacionales a "poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura" encabezada por Ortega y Murillo. La declaración supone un paso adicional frente a las sanciones aplicadas durante los últimos meses contra funcionarios e instituciones vinculadas al gobierno nicaragüense.
Según la posición estadounidense, los cambios constitucionales afectan derechos políticos al restringir candidaturas consideradas contrarias a los intereses del Estado. También amplían de seis a siete años el mandato presidencial y otros períodos correspondientes a cargos elegidos mediante voto popular.
La estrategia estadounidense ahora apunta a trasladar el conflicto desde la relación bilateral hacia espacios donde puedan participar otros gobiernos del continente. Washington anunció que continuará promoviendo acciones sobre Nicaragua dentro de la Organización de los Estados Americanos, conocida como OEA.
Junto con otros países, Estados Unidos impulsó la aprobación de una convocatoria urgente de cancilleres dentro de la organización el 19 de agosto. Ese mecanismo permite abrir una discusión política regional sobre la situación nicaragüense y las posibles respuestas diplomáticas de los Estados miembros.
La OEA también debe definir la fecha y el lugar del encuentro mediante su Consejo Permanente. Hasta ahora, no hay una decisión conjunta para romper relaciones comerciales con Nicaragua.
El llamado de Rubio, por tanto, representa una solicitud de Washington a sus aliados y no una medida colectiva ya acordada. Su alcance dependerá de las decisiones que adopten individualmente otros gobiernos y de las discusiones posteriores dentro del organismo regional.
Una eventual escalada económica tendría especial importancia por el peso de Estados Unidos dentro del comercio exterior nicaragüense. Casi la mitad de las exportaciones de Nicaragua tiene como destino el mercado estadounidense, según recordó el opositor Juan Sebastián Chamorro.
Chamorro advirtió que modificaciones comerciales podrían afectar empleos relacionados con sectores exportadores y empresas dependientes de ese intercambio. También señaló que Washington podría considerar aranceles específicos sin retirar formalmente a Nicaragua del acuerdo comercial regional conocido como DR-Cafta.
La reforma constitucional todavía necesita una segunda aprobación legislativa durante 2027 antes de completar su entrada en vigor. Mientras ese proceso continúa, Estados Unidos busca convertir su rechazo político en una respuesta coordinada con aliados y organismos regionales.