Vyacheslav Argenberg (WIkiCommons: CC BY 4.0) (foto sin cambios)
El 31 de enero del 2022, Estados Unidos sorprendió al mundo con una nueva serie de sanciones dirigidas a funcionarios judiciales, empresarios y compañías de Birmania. Las penalizaciones, impuestas un año después del golpe de estado en Birmania, pretenden frenar la violencia militar y encaminar al país asiático nuevamente a la democracia.
Las medidas impuestas por Estados Unidos tienen el objetivo de servir como repercusiones ante los conflictos armados perpetuados por la milicia birmana un año atrás. El golpe de estado, el cual aconteció el 1 de febrero del 2021, desembocó en el derrocamiento del gobierno democrático en Birmania y la detención de líderes civiles y políticos. La milicia llevó a cabo estas acciones tras un breve periodo de cuasidemocracia que comenzó en el 2011 y se inauguró con la implementación de reformas y elecciones parlamentarias. Esto sucedió después de décadas de un gobierno militar que marcó su inicio en 1962.
Con la destitución de Aung San Suu Kyi, consejera estatal y Win Myint, expresidente birmano, el poder fue asumido por Ming Aung Hlaing, comandante militar. El mandatario empezó su gobierno estableciendo una dictadura militar y el estado de emergencia por un año en el país. De igual forma, instauró toques de queda, suspensión de vuelos, prohibición de reuniones y un bloqueo del acceso a Internet.
Posteriormente, hubo ataques por parte del ejército birmano hacia manifestantes, donde hubo uso de balas de goma, municiones reales y cañones de agua. La problemática desembocó en conflictos armados, los cuales ocasionaron múltiples estragos sobre grupos étnicos vulnerables, desplazados y refugiados. A la par de estos problemas de segregación, se dieron a conocer múltiples violaciones a derechos humanos perpetuadas por el poder.
Ante los actos llevados a cabo por los militares, el presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió sobre un incremento de sanciones a Birmania. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hizo un llamado a detener la violencia en el país y a facilitar la liberación de detenidos políticos. Las autoridades birmanas hicieron caso omiso ante las advertencias de la comunidad internacional y durante el 2021 intentaron consolidar su poder a través de campañas anti-democráticas.
No obstante, Joe Biden decidió implementar sanciones a raíz de los conflictos políticos presentes en el país asiático. Entre estas penalizaciones, destacan las de tres altos funcionarios judiciales birmanos. Estas afectan al presidente de la Corte Suprema, Tun Tun Oo, a la fiscal general, Thida Oo y al presidente de la Comisión Anticorrupción, Tin Oo. Esto gracias a su estrecho involucramiento con la detención y juicio político de Aung San Suu Kyi.
Asimismo, se establecieron sanciones contra empresarios y compañías acusadas de proveer apoyo financiero al régimen militar birmano. Entre ellos, Jonathan Myo Kyaw Thaung, CEO del Grupo KT y Tay Za, dueño de múltiples empresas que abastecen de equipo y servicios a la milicia de Birmania.
Estas penalizaciones instauradas por Estados Unidos, fueron coordinadas junto con Inglaterra y Canadá como una muestra de apoyo por parte de la comunidad internacional a Birmania. Con esto se pretende responsabilizar a los involucrados en las violaciones de derechos humanos con el objetivo de apaciguar la violencia en el país asiático.
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