Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El Departamento de Estado de Estados Unidos dejó ver que la decisión de Venezuela de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) elimina un posible obstáculo para procesar a Nicolás Maduro en tribunales estadounidenses, al considerar que la jurisdicción de la Corte ya no sería una alternativa en ese caso.
La postura fue expresada en un comunicado oficial emitido el 25 de julio de 2026 por la diplomacia estadounidense a cargo del secretario Marco Rubio, en el que Washington expresó que el anuncio venezolano modifica el escenario jurídico respecto a las acciones penales contra Maduro. Esto podría abrir la posibilidad de que el proceso continúe bajo la jurisdicción de Estados Unidos al quedar descartada la vía de la CPI, según la lectura de Washington.
Por su parte, la declaración del Gobierno estadounidense encuentra un elemento de respaldo en el anuncio realizado por el canciller de Venezuela, Félix Plasencia González, quien informó en X que, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el país notificó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su decisión de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retiro de la CPI conforme al artículo 127 del tratado.
"Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado", expresó Plasencia González.
Aunque ambos gobiernos coinciden en que Venezuela comunicó la denuncia del Estatuto de Roma, difieren en la interpretación de sus consecuencias. Mientras Estados Unidos considera que el retiro elimina un obstáculo para impulsar el procesamiento de Maduro en tribunales estadounidenses, el Gobierno venezolano presentó la decisión como una respuesta a lo que calificó como un uso politizado de la Corte, al sostener que la Corte ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos.
En su comunicado, Caracas sostuvo que la CPI mantiene un "sesgo geográfico" que ha concentrado sus actuaciones en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global. Asimismo, afirmó que el tribunal ha sido utilizado como un mecanismo de lawfare contra Venezuela y reiteró su compromiso con una justicia internacional que, según el Gobierno, respete la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Así, el anuncio venezolano del 24 de julio de 2026 constituye el fundamento fáctico sobre el que el Departamento de Estado construyó su evaluación sobre las implicaciones judiciales para Maduro, aunque cada gobierno mantiene interpretaciones opuestas sobre el significado y alcance de la decisión.
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