Foto: Department of Justice
El Gobierno de Estados Unidos enfrenta un nuevo frente de tensión por el manejo de información clasificada, en medio de denuncias cruzadas sobre filtraciones, transparencia judicial y uso de fondos fiscales. La discusión fue impulsada por la denuncia al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el cual señalado por demócratas debido al presunto trato preferencial hacia agentes del FBI investigados por distintas irregularidades.
De acuerdo con los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (House of Dems), el gobierno mantiene un trato preferencial e ilícito con al menos una docena de agentes del FBI. Entre los actos denunciados se encuentran financiamientos y absoluciones al personal involucrado en el ataque al Capitolio durante las elecciones de noviembre de 2024.
El comunicado de House of Dems también señaló al DOJ por solapar a agentes acusados en dos casos adicionales. Uno de ellos refiere a la divulgación de información clasificada relacionada con el primer mandato de Donald Trump, mientras otro apunta a solicitudes de actos sexuales durante operaciones encubiertas. Al respecto, el fiscal Jack Smith se encargó del procesamiento de los documentos, los cuales fueron divulgados de manera presuntamente accidental según las autoridades.
Filtraciones de información clasificada abren otro frente político
A pesar de este "desliz" del cual se la acusa a la administración Trump, el Gobierno endureció su postura frente a la publicación de información clasificada. El 12 de mayo, el fiscal general interino, Todd Blanche, aseguró que periodistas y testigos responsables de divulgar documentos de riesgo para la seguridad nacional podrán ser procesados bajo excepciones contempladas en la Ley de Protección de la Privacidad (PPA).
Fuente: X/Todd Blanche
La PPA, creada en 1980, establece que las autoridades no pueden incautar material periodístico, salvo en casos donde exista sospecha de delitos contra la seguridad nacional. Esta línea de acción tomó fuerza en abril de 2025, cuando la exfiscal general Pam Bondi emitió un memorando que eliminó restricciones de investigación a medios establecidas durante el gobierno de Joe Biden.
Entre los casos de incautación e investigaciones denunciadas por periodistas en Estados Unidos aparecen The Washington Post y The Wall Street Journal. Según la investigación realizada por NotiPress, las acciones judiciales contra estos periódicos incluyen citaciones judiciales, allanamientos, registros en propiedad privada e incautación de dispositivos electrónicos.
Sobre la filtración de información, el Gobierno ha adoptado una postura dual: por un lado, persigue penalmente las filtraciones que afectan a sus líderes, y por otro, utiliza el término "filtración" para desestimar su magnitud.
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