(The Presidential Press and Information Office: CC BY 4.0) (foto sin cambios)
Los ojos de la comunidad internacional están puestos en la frontera entre Polonia y Bielorrusia debido a una crisis migratoria. Según medios internacionales, en este punto de entrada a la Unión Europea (UE) se concentran ya más de 2 mil migrantes y refugiados provenientes de Medio Oriente y Asia. Ante la situación, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) llamó a desescalar las tensiones existentes entre ambos países ante lo que sucede en la frontera.
Esta situación comenzó en el verano de 2021, con la llegada el 8 de agosto de un grupo de 32 inmigrantes afganos, quienes cruzaron la frontera polaca desde Bielorrusia. En días posteriores, varias imágenes mostraban el establecimiento de este grupo de inmigrantes en un campamento improvisado en dicho punto fronterizo, según una línea del tiempo de Amnistía Internacional. Ante la situación, la Corte Europea de Derechos Humanos emitió una resolución solicitando a las autoridades de Polonia y Letonia que proporcionaran alimentos, agua, ropa, atención médica y, de ser posible, refugio temporal a los solicitantes de asilo en sus fronteras con Bielorrusia.
Dicha resolución del 25 de agosto contabiliza 32 inmigrantes afganos en la frontera con Polonia y 41 iraquíes de la etnia kurda en la frontera letona, a quienes no se les permite ingresar a tales países ni regresar a Bielorrusia. La corte llamó también a Polonia y Letonia a respetar, como miembros de la UE, la Convención Europea de Derechos Humanos, aunque no los fuerza a permitir el ingreso de los refugiados. A su vez, señala que Bielorrusia, al no ser miembro de la UE, no suscribe dicho tratado.
El 27 de septiembre, la Corte Europea de Derechos Humanos extendió la vigencia de esta sentencia hasta nuevo aviso y ordenó no devolver a los refugiados a Bielorrusia mientras permanecieran en suelo polaco. Pese a este llamado, Amnistía Internacional informó el 21 de octubre la expulsión forzada hacia Bielorrusia de 17 de las 32 personas, tras un intento de adentrarse en territorio polaco. Las autoridades polacas admitieron el uso de "medidas coercitivas directas" contra personas del grupo que intentaron cruzar la valla, entre ellas, una menor de edad.
Desde entonces la situación se ha agravado, con la declaratoria de estado de emergencia, de parte de Polonia, en dos provincias de la frontera con Bielorrusia. Esto deja la zona fuera del alcance de periodistas, miembros del Parlamento y activistas, dificultando su labor. Actores europeos del conflicto acusan al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de provocar la crisis al facilitar visados a personas de Oriente Medio, con promesas de un fácil ingreso a la UE. Esto en venganza por las críticas europeas por la represión a la oposición bielorrusa, así como por las sanciones económicas por un supuesto fraude electoral en la elección de 2020.
Según un comunicado de ACNUR, el 8 de noviembre surgieron reportes de un grupo grande de migrantes y refugiados del lado bielorruso de la frontera, encaminados al paso fronterizo con Polonia. La ACNUR pide a ambos países una resolución urgente y acceso inmediato y sin obstáculos al grupo para garantizar la asistencia humanitaria. También piden, se identifique a las personas que necesitan protección internacional y se les permita solicitar asilo a quienes así lo deseen desde el lugar donde se encuentran. Este llamado ocurre tras registrarse varias muertes trágicas de migrantes en la zona fronterizas en semanas pasadas.
A partir de los diversos conflictos bélicos en Medio Oriente, se ha desatado una crisis de inmigración hacia Europa en los últimos años. Los países europeos, independientemente de si pertenecen o no a la UE, deben actuar entonces con responsabilidad y atender la situación con total respeto a los derechos humanos. Además, en el caso de Polonia y Bielorrusia, debe evitarse un manejo politizado de la crisis y se debe dar prioridad a la dignidad humana por encima de los conflictos regionales.
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