Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Uno de los debates que se darán en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP29), que comienza a partir del 11 de noviembre en Bakú, Azerbaiyán, es la financiación por parte de los países industrializados de los compromisos existentes en materia climática. De acuerdo con la Universidad Técnica de Múnich (TUM), que participará de la cumbre, los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas de petróleo y gas debido a la crisis energética de 2022 habrían sido suficientes para cubrir los compromisos existentes de los países industrializados durante casi cinco años. Por lo tanto, recomiendan recaudar impuestos sobre estos llamados beneficios extraordinarios de los combustibles fósiles.
Los países industrializados se comprometieron a pagar 100.000 millones de dólares anuales entre 2020 y 2025 a los países más pobres para la protección del clima y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, estos países no cumplieron plenamente sus compromisos anteriores ni las negociaciones. Por ello, un equipo internacional de investigadores estudió la posibilidad de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas que se enriquecen con combustibles fósiles.
El equipo de investigación analizó los beneficios declarados para 2022 por 93 de las mayores empresas de petróleo y gas del mundo y los comparó con las previsiones de los analistas a principios de año. El beneficio total esperado ascendió a unos 753.000 millones de dólares y el beneficio real obtenido por las empresas ascendió a unos 1,243 billones de dólares. Por ende, las empresas obtuvieron unos beneficios extraordinarios de unos 490.000 millones de dólares. "Estos beneficios adicionales en un solo año se acercan a la suma total prometida a los países más pobres para un periodo de cinco años", asegura el líder del estudio Florian Egli, profesor de políticas públicas para la transición verde en la TUM.
Además, los investigadores observaron que el 42% de los beneficios extraordinarios fueron obtenidos por empresas controladas por el Estado, y la mayor proporción se obtuvo en Noruega. "Los gobiernos tienen la capacidad de tomar medidas directas para desviar los beneficios obtenidos debido a una crisis y utilizarlos para luchar contra la crisis climática", sostuvo una de las responsables del estudio, la Dra. Anna Stünzi de la Universidad de St. Gallen.
Por otro lado, el 95% de las empresas privadas tenían su sede en algún país comprometido a contribuir a la financiación de la protección del clima. Entre las empresas privadas, las compañías estadounidenses representaron aproximadamente la mitad de estos beneficios (143 mil millones de dólares) y un 37% adicional de los beneficios lo obtuvieron empresas de Gran Bretaña, Francia y Canadá. Casi todas las empresas están ubicadas en países del G20.
"Sin duda, sería difícil llegar a un acuerdo internacional para gravar estos beneficios", asegura Florian Egli. "Pero el acuerdo sobre un tipo impositivo mínimo global para las empresas, alcanzado por más de 130 países en 2023 bajo los auspicios de la OCDE y el G20, podría ser un modelo a seguir", agrega.
Según los investigadores, los beneficios mundiales del sector son mayores que los que se indican en el estudio. Esto se debe a que algunas de las empresas más grandes, por ejemplo, en Rusia, Irán, Sudáfrica y Venezuela, no publican sus cifras y, por lo tanto, no pudieron ser incluidas en el estudio.
Michael Grubb, profesor del University College London (UCL), señala que aplicar un impuesto sobre las ganancias extraordinarias en el sector de petróleo y gas podría disminuir progresivamente la inversión en estos combustibles, lo cual contribuiría a la creación de un mercado de energía limpia más estable y eficiente, además de ayudar a alinear los flujos financieros con los objetivos del Acuerdo de París. Grubb destaca que redirigir los ingresos de los combustibles fósiles en consonancia con las metas climáticas debería ser un tema prioritario en la COP29.
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