Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Ilustración)
El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) denunciaron una persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK), expresidenta y actual líder del Partido Justicialista, en el marco de la denominada causa "Vialidad". A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones alertaron sobre la afectación al derecho de defensa y la participación política de la exmandataria, tras la filtración de una sentencia condenatoria que calificaron de parcial y arbitraria.
Según el pronunciamiento, la causa judicial impulsada durante la gestión de Mauricio Macri fue concebida con fines políticos, sin pruebas directas ni indiciarias, violando principios constitucionales como el de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. También se mencionaron vínculos directos entre integrantes del tribunal y el propio expresidente argentino.
Los firmantes cuestionaron el uso de teorías jurídicas que atribuyen responsabilidad penal a CFK por decisiones tomadas por funcionarios jerárquicamente inferiores, lo cual, indicaron, refleja una deriva hacia el "derecho penal de autor". Advirtieron que este tipo de argumentos sienta un precedente peligroso para la democracia.
"El objetivo de expulsar a CFK de la política obedece al miedo de determinados sectores a que ella ratifique su liderazgo en las urnas", indica el comunicado. Además, consideraron que la sentencia, además de afectar a Fernández de Kirchner, busca disciplinar al peronismo y limitar las aspiraciones de quienes promueven políticas sociales.
Las organizaciones llamaron a la comunidad internacional a seguir de cerca el desarrollo del caso, denunciando una conexión "sospechosa" entre sectores del Poder Judicial y corporaciones mediáticas, lo cual —según afirman— daña la democracia y la justicia social en Argentina.
Por su parte, el documento concluyó con una exigencia de justicia ante lo que califican como una condena sin debido proceso el fallo que condenó a Cristina Fernández a 6 años de cárcel por corrupción. "Es evidente que se condena a una persona inocente violando el ‘debido proceso’ propio de un Estado de Derecho", sostiene el texto.
Entre los firmantes figuran expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Alberto Fernández y Ernesto Samper, junto a juristas, parlamentarios y académicos de Argentina, España, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú y Chile.
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