Foto: x @mingobguate
El Gobierno de Guatemala, comandado por Bernardo Arévalo, decretó un estado de sitio por 30 días tras una serie de ataques coordinados atribuidos a pandillas y estructuras criminales asociadas al narcotráfico transnacional. La medida excepcional busca contener la escalada de violencia en cárceles y zonas urbanas, donde se registraron motines, asesinatos y la toma de rehenes.
Los hechos violentos se concentraron el fin de semana en varios centros penitenciarios, donde murieron ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y más de diez resultaron heridos. Paralelamente, grupos armados perpetraron ataques en calles y comunidades, lo que llevó al Ejecutivo a activar la intervención militar inmediata y a declarar tres días de duelo nacional.
Según la legislación guatemalteca, el estado de sitio puede aplicarse ante amenazas graves como terrorismo, rebelión, motines o ataques armados que comprometan el orden constitucional. Bajo esta figura, el presidente asume el mando del Ejército y las fuerzas armadas adquieren facultades ampliadas para actuar sin orden judicial previa en la disolución de grupos, detención de sospechosos y control del orden público.
El Gobierno afirmó: "no negociamos con criminales, en el marco de la ley y la espada de la justicia los estamos poniendo de rodillas". En esa línea, insistió en que la vida institucional no se encuentra suspendida y que los servicios públicos continúan funcionando con normalidad.
Las autoridades señalaron que la reacción violenta de las organizaciones criminales responde a la pérdida de privilegios y a los operativos recientes para recuperar el control de las cárceles. Durante las intervenciones, más de 40 rehenes fueron liberados sin víctimas fatales y se incautaron armas en distintos recintos.
El pronunciamiento del presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colíndres, calificó los hechos como un "desafío directo al Estado de derecho" y transmitió condolencias a las familias de los policías fallecidos. Según expresó, "el sacrificio heroico de los caídos no quedará sin reconocimiento".
Cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ampliaron su influencia en Guatemala mediante alianzas con grupos locales, en un contexto marcado por violencia transfronteriza. Investigaciones de InSight Crime y medios guatemaltecos documentaron la presencia del CJNG en zonas fronterizas como Huehuetenango y San Marcos, donde se reportaron enfrentamientos y el uso de drones kamikaze.
La irrupción del grupo jalisciense derivó en la aparición del Cártel Chiapas–Guatemala (CCyG), integrado por actores locales, con el cual disputa rutas de tráfico de drogas y personas. En diciembre de 2025, autoridades identificaron a Baldemar Calderón Carrillo, alias "Tío Balde", como operador de esta estructura, quien murió en un operativo transfronterizo.
Diversas instituciones suspendieron actividades educativas, religiosas y de transporte como medida preventiva, tras la alerta emitida por la embajada de Estados Unidos en Guatemala.
El Gobierno reiteró que las restricciones a ciertos derechos buscan restaurar el orden y garantizar la seguridad de la población ante amenazas criminales. Mientras tanto, el Ejército mantiene presencia activa en las regiones afectadas, en coordinación con las fuerzas policiales.
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