Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El avance de los parques eólicos en La Guajira, al norte de Colombia, ha desencadenado una serie de conflictos que afectan tanto a trabajadores del sector energético como a las comunidades indígenas Wayuu. Esta región, caracterizada por fuertes vientos y altos índices de pobreza, fue seleccionada por el gobierno y empresas privadas para impulsar la transición hacia fuentes de energía renovable. Sin embargo, los efectos colaterales del desarrollo energético son motivo de creciente preocupación.
Protestas, bloqueos de vías y agresiones a empleados han sido documentadas por el centro de estudios Indepaz, organismo que investiga los impactos socioterritoriales de estos proyectos. Según su directora de medio ambiente, energía y comunidades, Joanna Barney, "lo llamamos ‘la guerra del viento’", en referencia a la serie de altercados y tensiones persistentes en las zonas de instalación de las turbinas.
La empresa española EDP Renováveis suspendió en diciembre de 2024 los planes para dos parques eólicos. En su decisión influyó el aumento del número de comunidades indígenas que reportaron afectaciones. Este número ascendió de 56 a 113, lo cual generó mayores exigencias de compensación. Una situación similar se presentó con la multinacional Enel, quien abandonó un proyecto en mayo de 2023 tras enfrentar constantes protestas que detuvieron más de la mitad de las jornadas laborales entre 2021 y 2023.
Indepaz ha reportado hechos de violencia como robos a mano armada y secuestros dirigidos a trabajadores de las compañías energéticas. En algunas localidades se registraron desplazamientos, además de enfrentamientos entre habitantes que no comparten la misma postura frente a la instalación de los parques.
AES Colombia, una de las firmas que desarrollan el clúster eólico más grande del país en esta región, expresó su intención de mantener un diálogo constante con las comunidades, además de ofrecer compensaciones y beneficios relacionados con servicios esenciales. No obstante, su gerente general, Federico Echavarría, reconoció que este esfuerzo no resulta suficiente por sí solo. "El gobierno debe ayudar a resolver los conflictos entre las comunidades", afirmó.
Igualmente, el parque eólico Guajira 1, operado por la empresa Isagen, también enfrentó bloqueos de carreteras. Esta modalidad de protesta ha sido frecuente en La Guajira, sobre todo en contextos donde los habitantes consideran que sus voces no fueron tomadas en cuenta. La tensión surge tanto por la falta de acceso directo a los beneficios de la energía generada, como por disputas internas derivadas de las negociaciones.
José Luis Iguarán, residente en Cabo de la Vela, indicó que, a pesar de las mejoras en infraestructura ofrecidas por la empresa, su comunidad seguirá utilizando generadores independientes. "Lo peor es que no recibiremos ni un solo kilovatio de la electricidad que se produce aquí", afirmó.
Así, la situación actual en La Guajira refleja una transición energética que no se limita al plano técnico. Involucra realidades sociales complejas, marcadas por años de abandono estatal y una débil capacidad institucional para gestionar los conflictos. En este contexto, la relación entre desarrollo y derechos comunitarios continúa siendo uno de los desafíos más urgentes en el proceso de adopción de energías limpias.
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