Ciudad de México,
Andrés Zimbrón
Crédito foto: Twitter @CONADEH
Fue el 6 de diciembre de 2022 cuando las políticas para combatir la delincuencia en Honduras cambiaron bajo el concepto de "régimen de excepción". Este modelo político también fue implementado por la administración del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde garantiza la seguridad en El Salvador a través del uso de la fuerza pública.
El Salvador lleva desde 2022 un régimen de excepción cuestionado por organizaciones de derechos humanos, pero aplaudido por simpatizantes del mandatario salvadoreño. Datos del estudio International Crisis Group revelaron que la tendencia de homicidios en El Salvador se redujo de forma constante de 2016 a 2020.
Dichas fechas coinciden con Bukele asumiendo la presidencia; la tasa de homicidios en el país se redujo un 60%. No obstante, fue en 2022 cuando las pandillas MS13 y Barrio 18 tomaron por asalto las calles de El Salvador. Ante ello, la respuesta de Bukele fue el régimen de excepción, método con el cual logró detener y acusar a los delincuentes bajo garantías constitucionales mínimas de defensa y debido proceso.
Bajo ese contexto, la presidenta Xiomara Castro decidió hacer lo propio en su país y adoptar un régimen de excepción para combatir la delincuencia en Honduras, país vecino de El Salvador. Según la mandataria hondureña, ahora el Ejército, Fuerza Aérea y Naval colaboran de manera efectiva, ejecutando acciones y actividades en materia de seguridad.
La administración de Xiomara Castro señaló que la promoción de políticas puntuales lograron reducir la impunidad y crear ambientes seguros para la población. Sin embargo, el fortalecimiento y profesionalización de las Fuerzas Armadas han estado plagados de corrupción interna, programas de entrenamiento insuficientes y abusos de autoridad contra civiles.
Según las autoridades hondureñas, el estado de excepción ha permitido identificar y capturar a pandilleros, quienes lucran con otros tipos de delitos, como tráfico de armas, feminicidios, lavado de dinero, entre otros. Sin embargo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) ha señalado inconsistencias en los procesos para combatir la delincuencia al no cumplir los derechos internacionales de los derechos humanos
De acuerdo con expertos en la materia, los estados de excepción crean un modelo de seguridad donde se violan los derechos humanos. Además, este tipo de iniciativas también afecta a miles de inocentes, quienes permanecen injustamente detenidos en prisiones.
No obstante, la situación de inseguridad que vive tanto Honduras como El Salvador ha orillado a los gobiernos de ambos países a actuar con el uso de la fuerza pública. Incluida la militarización para echar andar políticas de seguridad, las cuales garantizan el control político y territorial.