Foto: Homeschool History
La financiación internacional para proyectos científicos fue históricamente una herramienta de cooperación entre naciones. Sin embargo, recientes medidas adoptadas por agencias del gobierno de Estados Unidos, como el envío de cuestionarios a investigadores extranjeros financiados con fondos públicos estadounidenses, revelan una tendencia creciente hacia la supervisión ideológica y geopolítica del trabajo académico.
Dicho cuestionario, instruido por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), fue difundido a través de instituciones como el Servicio Geológico de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Estado. Esta oficina, que forma parte del poder ejecutivo del gobierno estadounidense, tiene la función de supervisar el gasto federal y coordinar políticas administrativas, lo cual incluye la revisión de los programas de investigación financiados con dinero público.
Lo inusual de esta situación radica en el contenido del cuestionario: se solicita a los investigadores y sus instituciones que revelen si colaboran con partidos comunistas o socialistas, o si sus proyectos tratan temas como diversidad, equidad, justicia climática o "ideología de género". Este tipo de preguntas, cargadas de connotaciones ideológicas, marcan una diferencia significativa respecto a los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas, que usualmente se enfocan en el cumplimiento técnico, la integridad científica o la gestión ética.
Además, se otorgan mayores puntajes a los proyectos cuya finalidad es evitar la inmigración ilegal, proteger la persecución a cristianos o asegurar minerales estratégicos, mientras tanto, aquellos con colaboración con China, Rusia, Cuba o Irán reciben puntuaciones negativas. Esta lógica de evaluación introduce un sesgo geopolítico explícito, capaz de condicionar tanto el tipo de investigación financiada como la independencia académica de los investigadores fuera de Estados Unidos.
El caso plantea preguntas fundamentales sobre los límites entre la transparencia legítima, necesaria cuando se trata de fondos públicos, y la vigilancia ideológica que puede restringir la libre investigación. También subraya la influencia que puede ejercer una entidad como la OMB, cuyas decisiones administrativas tienen repercusiones más allá del territorio estadounidense y alcanzan directamente a universidades extranjeras.
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