Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Instagram: Cilia Flores
El juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro en Estados Unidos enfrenta un momento decisivo. La defensa del dictador venezolano afirmó que ni él ni su esposa, Cilia Flores, cuentan con los recursos para pagar a sus abogados, lo que abre un escenario crítico para la continuidad del proceso judicial en Nueva York.
Ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los abogados Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly presentaron el 19 de marzo declaraciones juradas de Maduro y Flores. En ellas, ambos sostienen que no pueden financiar su defensa legal y están dispuestos a entregar documentación financiera si el tribunal lo solicita. El caso se enmarca en acusaciones por conspiración para el tráfico de drogas y podría ser desestimado si el juez considera que se violan derechos constitucionales.
La defensa argumenta que la negativa del Gobierno de Estados Unidos a autorizar el uso de fondos venezolanos impide a los acusados ejercer su derecho a una representación legal de su elección. "Obligar a los acusados a aceptar un abogado de oficio que no es de su elección no es, por definición, una solución para la vulneración de su derecho a elegir a su propio abogado", señala el documento judicial presentado por los defensores.
El conflicto se originó tras la revocación de licencias otorgadas por error por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El 9 de enero, esta dependencia autorizó temporalmente el uso de fondos del Estado venezolano para cubrir los honorarios legales de Maduro y Flores. Sin embargo, esa autorización fue anulada el mismo día para Maduro y semanas después para Flores, según registros judiciales.
Con esta situación, los abogados solicitaron que se desestimen los cargos por considerarlos parte de un proceso "inconstitucionalmente defectuoso". También pidieron al juez Alvin Hellerstein que llame a una audiencia para discutir los efectos legales de las restricciones financieras impuestas por las sanciones del Departamento del Tesoro.
La Fiscalía estadounidense rechazó el pedido de la defensa. En su respuesta, los fiscales señalaron que las regulaciones vigentes prohíben expresamente que una entidad sancionada, como el gobierno venezolano, cubra los gastos legales de personas también sancionadas. Además, sostuvieron: "no eran funcionarios ni empleados legítimos de Venezuela", por lo cual no tienen derecho a esos beneficios.
Actualmente, las licencias vigentes sólo permiten a Maduro y Flores usar fondos personales o conjuntos no sancionados. Según la defensa, esta limitación impide de facto que puedan cubrir los honorarios de sus representantes legales, quienes podrían abandonar el caso si no se resuelve el acceso a recursos.
Está previsto que el próximo 26 de marzo se celebre una audiencia clave. En ella, el juez Hellerstein deberá evaluar si el juicio puede continuar sin vulnerar las garantías constitucionales de los acusados. El tribunal también decidirá si los abogados actuales permanecen o si se asigna defensa pública, lo cual modificaría por completo la estrategia del caso.