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Un informe presentado en septiembre de 2025 por la organización Prisoners Defenders expone que al menos 60 mil personas privadas de libertad en Cuba realizan trabajos forzosos en condiciones ajustadas a prácticas de esclavitud moderna. El estudio indica que las actividades incluyen producción de carbón vegetal, corte de caña de azúcar, labores agrícolas y la elaboración de cigarros habanos destinados a la exportación internacional.
De acuerdo con los datos recopilados, la investigación se apoyó en 53 testimonios validados de internos y exinternos, entrevistas adicionales y documentos oficiales contrastados por el Institute for Crime & Justice Policy Research de la Universidad de Londres. En los testimonios recogidos, la totalidad de los participantes afirmó haber sido obligada a trabajar bajo coacción, amenazas o represalias. Un interno relató: "Me obligaron a cargar sacos de carbón con lesiones en el hombro y cuando protesté, me quitaron las visitas familiares durante un mes".
Las condiciones documentadas incluyen jornadas promedio de más de 63 horas semanales, exposición a riesgos climáticos extremos y ausencia de medidas de protección laboral. El 96,23% de los declarantes aseguró haber trabajado sin equipos adecuados y el 94,34% manifestó que fue forzado a cumplir con tareas a pesar de enfermedades incompatibles con el esfuerzo físico requerido.
El reporte precisa que en 2023 Cuba exportó 61,8 millones de dólares en carbón vegetal producido en campamentos penitenciarios, ubicándose como noveno exportador mundial. Los principales destinos de este producto fueron España, Portugal, Grecia, Italia y Turquía. Además, se registró un crecimiento sostenido en la demanda, especialmente en el mercado español, donde el carbón de marabú cubano se comercializa como producto ecológico.
Dicho estudio también señala la existencia de fábricas de tabaco dentro de instalaciones penitenciarias. En la prisión de Quivicán, conocida como cárcel de Aguacate, 40 reclusos laboran hasta 15 horas diarias en la confección de cigarros, con pagos estimados en 7,32 dólares mensuales, mientras que trabajadores civiles en la misma planta perciben alrededor de 97 dólares al mes. El documento indica que este patrón se repite en otros centros como las prisiones de Boniato, El Pre de Angola y Combinado del Este.
Entre las ocho mujeres entrevistadas, el informe revela que todas sufrieron condiciones abusivas y que el 50% denunció acoso o violencia sexual. Una de ellas declaró haber sido víctima de violación dentro de la prisión. También se documentaron casos de reclusas obligadas a trabajar durante el embarazo.
Los hallazgos concluyen que estas prácticas contravienen convenios internacionales, incluidas las normas de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El informe fue remitido a organismos europeos para que se investigue la procedencia de productos cubanos vinculados a trabajos penitenciarios forzosos.
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