Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Según el nuevo cuadro de indicadores de la justicia en la Unión Europea del primer semestre de 2024, la percepción pública de la independencia judicial mejoró en la UE y también en países que habían experimentado desafíos sistémicos. El primer cuadro de 2024 muestra nuevas cifras sobre la accesibilidad a la justicia y, sobre todo, nuevos índices que demuestran una mayor independencia del poder judicial.
Lanzado en 2013, el cuadro de indicadores de la justicia monitorea las reformas judiciales en los Estados miembros y funciona como una herramienta del estado de derecho de la Unión Europea. Su medición se centra en tres principales elementos: eficiencia, calidad e independencia.
A partir de una encuesta al público y a empresas realizada con el "Eurobarómetro" en el año 2024, se observa que, desde 2016, la percepción del público en general sobre la independencia judicial mejoró o se mantuvo estable en 19 Estados miembros. El cuadro de indicadores arrojó que, en 14 países miembros, los consejos de fiscales independientes o el propio ministerio público nombran a los fiscales.
Esto significa que la facultad del Poder Ejecutivo de nombrar fiscales está sujeta a revisión judicial en casi todos los 12 Estados donde los fiscales se eligen de esa manera. Estos países tienen la obligación de exponer los motivos del rechazo de un candidato a fiscal. En 20 miembros se otorga al ejecutivo o al parlamento el poder de destituir al fiscal general, en 6 este poder lo tiene el consejo del Poder Judicial y en 16 Estados se ofrece la posibilidad de revisar la decisión.
Otro dato es que solo seis Estados tienen admisibilidad de pruebas en formato digital en casos civiles, comerciales, administrativos y penales. Por lo tanto, la edición del cuadro de 2024 indica un margen de mejora en los procedimientos o lo reclamos en línea. Nueve Estados permiten esta posibilidad, pero solo en contadas situaciones.
Por otra parte, se registró que en la mayoría de los Estados miembros se alienta la participación de personas con discapacidad a convertirse en profesionales en el sistema judicial. Además, en 26 Estados se proporciona información sobre los derechos de la víctima o sospechoso y sobre los procedimientos, adaptada a los menores, mientras que 18 países miembros los procedimientos penales que involucran a niños se tratan con carácter de urgencia.
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