Foto: X @DanielNoboaOk
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, declaró un nuevo estado de excepción en diez de las 24 provincias del país debido a la "grave conmoción interna" generada por las protestas indígenas contra el aumento del precio del diésel. La medida se produce tras varios días de manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y luego de que la Corte Constitucional anulara parcialmente un decreto similar emitido la semana pasada.
El decreto ejecutivo, firmado la noche del sábado 4 de octubre de 2025, busca "detener las situaciones de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza", y evitar "su radicalización", según el documento oficial. La disposición tendrá una vigencia de 60 días e implica la restricción del derecho a la libertad de reunión, lo que limita las aglomeraciones en espacios públicos con fines de paralización de servicios.
Noboa justificó la decisión señalando que las manifestaciones "se han tornado violentas" y que policías y militares han sido agredidos, secuestrados y vejados en su integridad. Además, dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el orden público, la libre circulación y la seguridad ciudadana.
Las protestas se iniciaron tras el anuncio del recorte al subsidio del diésel, medida que el Gobierno argumentó permitiría ahorrar al Estado 1.100 millones de dólares. El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, advirtió el viernes 3 de octubre que si el Ejecutivo "no hace caso" a las demandas de los pueblos indígenas, podrían "tomarse Quito", recordando los levantamientos de 2019 y 2022 que obligaron a los entonces presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir políticas similares.
Hasta el momento, los disturbios han dejado una persona fallecida, más de 80 heridos y más de 100 detenidos, de acuerdo con datos oficiales. Organizaciones de derechos humanos han denunciado 196 presuntas vulneraciones de derechos, principalmente atribuidas a acciones de las fuerzas de seguridad durante los operativos de control.
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