Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
A partir del 1 de octubre de 2023, entrará en vigor en Japón un nuevo Sistema de Facturación Calificado para las transacciones comerciales de las empresas. Si bien esta medida se creó para garantizar que las empresas realicen el pago adecuado del impuesto al consumo (IC), también ha sido fuertemente criticada, según medios locales. La implementación de este sistema es, en los hechos, un aumento del 10% en los impuestos para pequeños negocios y empleados freelance o autónomos, aseguran sus críticos.
De acuerdo con el Centro para la Cooperación Industrial entre la Unión Europea y Japón, el nuevo sistema requiere el registro de las empresas como emisores de facturas calificadas, para poder reclamar créditos del impuesto al consumo. Es decir, en la mayoría de las transacciones de bienes y servicios, el comprador paga el impuesto al consumo al vendedor. Posteriormente, cuando los negocios presentan sus declaraciones de impuestos, restan el IC pagado del IC que recibieron para calcular cuánto dinero le deben al gobierno.
Esto significa un revés para muchas empresas en Japón con ventas anuales inferiores a 10 millones de yenes. En el viejo sistema, estos negocios estaban exentos del pago del impuesto al consumo y mantenían las ganancias del IC como fuente adicional de ingresos, explica el centro.
Ahora, las pequeñas empresas y freelancers en Japón continúan con la opción de no registrarse, aunque esto implica una desventaja. Al contrario de una empresa registrada, estos pequeños negocios y empleados freelance no podrían emitir facturas registradas. En consecuencia, los clientes podrían preferir acudir con una empresa registrada, ya que podrían obtener créditos del impuesto al consumo con su facturación.
Sin embargo, que los freelancers y empresas de menor tamaño en Japón se registren como entidades pagadoras de impuestos tiene una serie compleja de ventajas y desventajas, asegura HLS Global Group. Según la firma internacional de contabilidad y asesoramiento empresarial, registrarse como entidad pagadora de impuestos tiene la ventaja de permitir emitir facturas calificadas, eliminando dicha desventaja comercial.
Asimismo, permite continuar con cualquier negociación comercial en curso sin pérdidas comerciales debido a problemas con el impuesto al consumo. No obstante, esto implica la pérdida de los beneficios de la exención de impuestos y añade la necesidad de presentar declaraciones de IC, generando un aumento en los honorarios profesionales.
Por otro lado, permanecer como entidad exenta de impuestos permite mantener tales beneficios y elimina los honorarios profesionales derivados de la declaración de impuestos. Sin embargo, esto a su vez pone en riesgo la continuidad de la actividad comercial o bien, expone al pequeño negocio o empleado freelance a la solicitud recurrente de descuentos para amortiguar el pago del impuesto al consumo no deducible de parte del cliente.
Así, trabajadores freelance de gremios como el de la animación, la traducción, el doblaje de voces, los dibujantes de manga y los V-tubers, entre otros, protestan por la implementación del nuevo sistema. Según medios de Japón, tanto el incremento de impuestos como la carga financiera de los nuevos procesos administrativos, impactaría fuertemente en un sector económico cuyos ingresos al día de hoy los mantienen en una situación financiera precaria.
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