Ciudad de México,
Axel Olivares
Crédito foto: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU
Estados Unidos ya envió al menos a 23 mil nacionales de terceros países a 29 países y territorios, dentro de un esquema de externalización migratoria que involucra acuerdos con 35 países y territorios, de acuerdo con expertos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El alcance de estos traslados, advirtieron, ya tiene consecuencias concretas sobre la protección de las personas expulsadas.
"Los daños causados por este esquema del Gobierno de Estados Unidos ya no son hipotéticos", afirmaron los especialistas, quienes señalaron riesgos relacionados con tortura, malos tratos, desapariciones forzadas y el incumplimiento del principio de no devolución.
La falta de transparencia en torno a estos acuerdos también preocupa a los expertos, debido a que quedan en gran medida fuera de la supervisión democrática y del monitoreo independiente de derechos humanos.
Los expertos advirtieron que las expulsiones pueden llevar a las personas hacia territorios con los que no tienen relación previa y donde, a su juicio, su protección puede resultar insuficiente. Entre quienes enfrentarían mayores riesgos mencionaron a niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT, apátridas y defensores de derechos humanos.
Según su evaluación, esta situación puede resultar traumática y aislante para personas que ya abandonaron sus lugares de origen tras enfrentar persecución o violencia.
También alertaron que algunos migrantes pueden ser enviados a Estados sin infraestructura suficiente para tramitar solicitudes de asilo, ofrecer instalaciones de acogida seguras o garantizar servicios sanitarios adecuados. En ciertos casos, añadieron, se trata de países afectados por conflictos, desplazamientos, hambre o pobreza extrema, como pueden ser Sudán del Sur, Ruanda o República Democrática del Congo.
Los expertos también cuestionaron que algunos acuerdos contemplen únicamente una recepción temporal, seguida de una posible nueva expulsión a decisión del tercer país. Según indicaron, en determinadas circunstancias los migrantes pueden enfrentar presiones o amenazas para regresar a sus lugares de origen pese a los riesgos para su protección.
"No puede presumirse que un retorno sea voluntario cuando la persona no tiene estatus legal, medios de subsistencia, asesoramiento jurídico independiente o una alternativa viable al regreso", afirmaron.En su análisis, un retorno bajo esas condiciones podría completar una cadena de devoluciones iniciada con el traslado desde Estados Unidos. Los especialistas sostienen además que la participación de varios gobiernos no elimina las obligaciones internacionales de cada Estado.
En nombre del derecho internacional, la ONU señala que tanto el Estado que realiza el traslado como el país o territorio receptor mantienen obligaciones hacia las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.
Por ello, pidieron suspender de inmediato estos acuerdos, restablecer procedimientos de asilo justos y eficaces, prevenir devoluciones en cadena y garantizar supervisión independiente, debido proceso y rendición de cuentas.