Petróleo en Venezuela: ¿cómo emprenderá la inversión el gobierno de Trump?

Bajo la orden ejecutiva titulada Liberando la energía estadounidense, el gobierno del presidente Donald Trump anunció inversiones de más de 100 millones de dólares para tomar el control operativo de las plantas de petróleo de Chevron en Venezuela. Hacia el cumplimiento de los objetivos energéticos de Washington, la gobernanza venezolana permanece como el obstáculo central de los planes de inversión estadounidense, opinó el centro de análisis político WPR.

Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, el petróleo venezolano cobró polémica internacional, en particular por los intereses de extracción y expropiación de Trump durante su política basada en recursos críticos. El pasado 13 de febrero, el secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright, informó en cadena nacional que la intervención de Washington en Venezuela permitió a la venta de crudo venezolano superar los mil millones de dólares.

Al respecto, en la opinión de la firma Haynes Boone, la influencia estadounidense sobre el mercado del petróleo en Venezuela desde las sanciones emprendidas permiten al país norteamericano iniciar un proceso de cadenas de inversión. Como primer paso, las actuales legislaciones venezolanas admiten una mayor participación extranjera en el sector energético, con lo cual podría generar interés por los sectores inmobiliario, financiero, entre otros.

Por su parte, World Oil informó que el reto estadounidense en materia de aprovechamiento petrolero en Venezuela es ganar la confianza de los inversionistas. Según Wayne Christian, comisionado de ferrocarriles en Texas, depender de la Organización de Países Exportadores de Petróleo sería contraproducente para el gobierno de Trump, en tanto el mandatario debe dar prioridad al comercio doméstico.

Frente a las dificultades de gobernanza señalada por los actores estadounidenses, el gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez reformó la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Con esta reforma, Venezuela permite a las empresas no estatales gestionar las operaciones del petróleo, y elimina una serie de barreras que restringían la participación de agentes privados internacionales.

Para el aprovechamiento de los negocios petroleros por parte de Estados Unidos, la reforma mantiene una regalía base del 30% para las empresas privadas extranjeras. Aunado e ello, Rodríguez ordenó el cierre de 4 órganos nacionales los cuales podrían limitar las operaciones estadounidenses, tales como el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), informaron medios locales.