Foto: Twitter @LulaOficial
Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la presidencia de Brasil pasó 580 días en la cárcel por condenas relacionadas a la Operación Lava Jato. Sin embargo, en marzo de 2021 el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló las condenas de corrupción por defectos procesales.
De 2003 a 2010, Lula fue presidente de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT) y al retirarse fue sustituido por la abanderada de su partido, Dilma Rousseff. En 2014 las autoridades brasileñas iniciaron la Operación Lava Jato, la cual es considerada la mayor investigación sobre corrupción realizada en la historia de Brasil. Está centrada en la petrolera estatal Petrobras, varios políticos y constructoras, entre ellas Odebrecht.
Datos de Contra la Corrupción señalan que la Operación Lava Jato blanqueó más de tres mil 167 millones de dólares, los cuales fueron relacionados en su mayoría con desvíos de dinero público. El expresidente brasileño fue imputado dos veces en 2016, primero por un supuesto delito de obstrucción de justicia durante las investigaciones. Por su parte, el juez Sérgio Moro tramitó una segunda denuncia por supuestos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, cargos que también afectaron a Marisa Leticia Lula da Silva, esposa del exmandatario.
Para evitar las investigaciones, en marzo de 2016, Lula aceptó convertirse en jefe de gabinete de la mandataria. Sin embargo, días después un juez del STF presentó una medida cautelar para evitarlo.
Un juez dictaminó que había suficientes pruebas para juzgar por cargos de corrupción al exmandatario, su esposa y otras seis personas. Posteriormente, en julio de 2017 Lula fue declarado culpable por corrupción, lavado de dinero por los sobornos y beneficios que recibió por Petrobras. Moro condenó al político a nueve años y seis meses de cárcel, pero este estuvo en libertad durante su proceso de apelación.
Nuevamente se presentaron cargos de corrupción contra el expresidente, así como a Rousseff y seis miembros del PT en septiembre de 2017. Todos fueron acusados de dirigir una organización criminal para desviar fondos de la empresa petrolera estatal, por la Operación Lava Jato.
Sin embargo, en enero de 2018 un tribunal de apelación confirmó la condena por corrupción de Lula, evitando que se postulara en las elecciones presidenciales. Además, los jueces de la corte de apelación añadieron dos años y medio a su sentencia, es decir, le dieron 12 años y un mes de prisión.
Lula se entregó a las autoridades federales el 7 de abril de 2018 con el propósito de cumplir su condena de 12 años y un mes de prisión. Su decisión de entregarse se dio después de desafiar por un día la orden de entregarse.
Pero, en 2019 el STF redujo la condena a ocho años y 10 meses, asimismo dictaminó que el acusado podía estar en libertad hasta agotarse los recursos. Después de un día del dictamen, el candidato salió de la cárcel tras 580 días. Por irregularidades en un juicio de corrupción, Lula demandó a Sérgio Moro, la defensa afirmó que la condena por parte del juez había causado daños "irreparables".
No fue hasta el 1 de septiembre de 2020 que un tribunal federal desestimó un caso de corrupción contra del exmandatario por falta de pruebas. Después, el 8 de marzo de 2021 el STF anuló las condenas por corrupción por defectos procesales y ordenó reiniciarlos. El 23 de marzo se dictaminó que Moro actuó de forma parcial al condenar al expresidente en conexión con la adquisición de un inmueble. Sin embargo, el fallo negativo suspendió automáticamente todos los procesos en contra de Lula.
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