Ciudad de México,
Martín Olivera
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Venezuela activó un estado de excepción por conmoción exterior tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, realizada por tropas estadounidenses el 3 de enero. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, establece un marco legal extraordinario que modifica el funcionamiento institucional del país durante al menos 90 días, prorrogables por otro período igual.
El decreto fue firmado por Maduro antes de su captura y refrendado por la mandataria encargada Delcy Rodríguez. Según el documento, "los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la República con miras a su juzgamiento".
A diferencia del estado de sitio, que requiere la autorización del Poder Legislativo, el estado de conmoción exterior concentra facultades en el Ejecutivo. Esta figura permite actuar ante amenazas externas graves y es la primera vez que se activa desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999.
Entre sus disposiciones centrales, el decreto establece la militarización de infraestructuras consideradas estratégicas, como servicios públicos, la industria petrolera y sectores logísticos. Se indica que el personal en estas áreas "quedará temporalmente sometido al régimen militar", lo cual incrementa el control castrense sobre actividades esenciales para la economía y la vida cotidiana.
La resolución contempla acciones excepcionales como el control militar de servicios, la restricción de movilidad y la suspensión de libertades civiles vinculadas a la reunión y protesta. Aunque se garantiza la vigencia de derechos considerados intangibles, como el debido proceso y la prohibición de tortura, el texto reconoce la posibilidad de limitar otras garantías durante la vigencia del decreto.
Desde su implementación, comenzaron a registrarse detenciones por expresiones públicas vinculadas con los hechos recientes. En Guaraque, estado Mérida, dos ciudadanos fueron arrestados por "celebrar el secuestro del presidente Maduro" y "efectuar detonaciones con arma de fuego", según reportó la policía local.
En Caracas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció: "durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), fueron detenidos en Caracas 14 periodistas y trabajadores de la prensa: 13 de ellos de agencias y medios internacionales y uno de medios nacionales".
La base normativa del decreto se apoya en leyes previas aprobadas durante el gobierno de Maduro. Entre ellas, una legislación de 2024 que sanciona el respaldo a sanciones internacionales o a acciones que generen "daño extranjero", con penas como la inhabilitación política de por vida y confiscación de bienes.
El nuevo marco legal también incluye una cláusula que habilita al Ejecutivo a adoptar "cualquier otra medida" considerada necesaria para proteger a la población. Si bien está sujeta a revisión por el Tribunal Supremo de Justicia o la Asamblea Nacional, ambos organismos están actualmente bajo control del chavismo, lo que reduce la posibilidad de contrapesos institucionales efectivos.