Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El partido oficialista Morena en alianza con PT y PVEM tienen asegurada la mayoría en el Congreso durante los próximos tres años, por lo que no necesitan de la oposición para llevar a cabo diferentes legislaciones, entre ellas, la reforma judicial. No obstante, el proyecto del presidente López Obrador preocupa a Estados Unidos por representar un potencial riesgo para sus inversiones y el T-MEC.
La incertidumbre de los inversores estadounidenses llegó hasta la oficina de Brian Nichols, titular del Departamento de Estado para América Latina. Este aseguró: "creemos que la transparencia judicial es vital para todos los inversionistas, ya sean nacionales o internacionales, particularmente los de Estados Unidos y Canadá como socios del T-MEC". Además, agregó que "continuaremos insistiendo, cualquiera que sea el futuro régimen legal en México, que todos los firmantes del T-MEC respeten las disposiciones de protección de inversión extranjera contenidas en ese acuerdo".
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se refirió a la reforma judicial señalando que esa es una decisión de los mexicanos y, por ende, Estados Unidos la va a respetar. "Ustedes tienen que definir las instituciones que ustedes van a vivir, el poder judicial es una de esas instituciones muy importantes. La meta de todos es tener un poder judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien, porque sin un poder judicial bueno, pues no podemos avanzar en muchos de los temas, incluso la seguridad", aseguró en conferencia de prensa.
En México, los opositores a esta iniciativa argumentan que la reforma atenta contra la independencia de la justicia y la transparencia del poder judicial. Uno de los detractores es el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien aseguró que "la independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales, garantizando que las personas sean escuchadas en igualdad de condiciones, independientemente de su poder político o económico. La independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la justicia".
De llegar a aprobarse la reforma, se reducirían de 15 a 12 años a los jueces a partir del voto directo. Además, busca reducir de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte, eliminar salas y crear un tribunal de disciplina judicial cuya función sería vigilar y sancionar la actuación de los jueces.
Pero, por otro lado, la reforma también podría influir en el T-MEC. Según un análisis de México Evalúa, los cambios en el Poder Judicial infringirían algunos puntos del Tratado, particularmente, el artículo 14.6 el cual habla de "un acceso a la justicia para los inversionistas y la celeridad en la resolución de conflictos mediante tribunales capaces e imparciales".
Mariana Campos, directora general de la organización México Evalúa, señala la necesidad de la independencia de la justicia para mantener las inversiones. La reforma "lleva a que los jueces tengan que hacer compromisos que no deben hacer para ser elegidos y eso hace que no tengamos jueces imparciales y que se debilite la capacidad de un tribunal para emitir sentencias justas, eso tiene un costo económico en las empresas en el capital de los inversionistas", aseguró Campos.
Con el Gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es posible que la reforma avance. Sin embargo, su impacto es tal que la mera noticia provocó el 11 de junio de 2024 una desestabilización en el sistema financiero. La situación de los mercados financieros se convirtió en un nuevo opositor para Morena. Sheinbaum fue quien tuvo que salir a calmar a los mercados. La coyuntura visibiliza que la reforma no pasará desapercibida ni dentro ni fuera del país, sobre todo, en el ámbito financiero.
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