Ciudad de México,
Martín Olivera
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Restablecer el orden democrático en un país devastado por el crimen organizado y el colapso institucional se convirtió en el mayor reto de Haití de cara a las elecciones generales programadas para el 30 de agosto de 2026. En medio de una crisis prolongada y con más del 85% de la capital controlada por pandillas, el país enfrenta obstáculos severos para garantizar un proceso electoral legítimo y seguro.
A partir de 2024, Haití estuvo bajo una administración de transición con el mandato de organizar elecciones tras casi una década sin autoridades electas. La situación se agudizó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y la disolución del Parlamento en 2019. La aprobación oficial del calendario electoral, realizada mediante decreto, fijó la segunda vuelta para el 6 de diciembre de 2026, con las nuevas autoridades asumiendo el 20 de enero de 2027.
La seguridad representa el principal condicionante. La Misión Multinacional de Seguridad (MSS), autorizada por la ONU, fue desplegada en 2024 bajo el liderazgo de Kenia y con apoyo logístico de países como Jamaica, Belice y Bahamas. No obstante, al cierre de 2025 solo 416 agentes se encontraban operativos, frente a los 2.500 previstos inicialmente. La misión enfrenta carencias críticas de personal, recursos y financiamiento.
"Creo que los primeros 1.000 efectivos se desplegarán pronto, con suerte en enero, porque no podemos esperar a que estén todos allí", declaró Albert Ramdin, secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA). Según sus declaraciones, se espera que el despliegue completo finalice en octubre de 2026. La misión, con un costo estimado de 100 millones de dólares mensuales, recibió compromisos de al menos 18 países.
Según Human Rights Watch, más de 5.600 personas fueron asesinadas y cerca de 1.500 secuestradas durante 2024, mientras que más de 700.000 personas fueron desplazadas por la violencia armada. La inseguridad afectó gravemente el acceso a alimentos, servicios públicos y atención médica, agravando una de las emergencias humanitarias más severas en el hemisferio. Por su parte, Crisis Group documentó que la coalición de pandillas "Viv Ansanm" domina los corredores viales y extorsiona a la población civil mediante peajes ilegales, secuestros y control de puertos.
Las autoridades haitianas recurrieron al uso de drones operados por empresas militares privadas para atacar a líderes criminales en zonas de difícil acceso. Sin embargo, la falta de coordinación con la policía nacional limita la efectividad de estas acciones. La misión de seguridad y el gobierno de transición solicitaron transformar la MSS en una operación de mantenimiento de paz de la ONU, propuesta respaldada por Estados Unidos y la OEA.
El Consejo Electoral Provisional fue constituido, aunque no logró avanzar en la definición completa del proceso. El calendario vigente, anunciado a finales de 2025, sigue sujeto a la evolución de la situación de seguridad. "El restablecimiento de la seguridad es un requisito previo para la realización de la primera vuelta", advirtió Jacques Desrosiers, presidente del consejo.
Con múltiples actores armados, infraestructura colapsada y una población vulnerable, Haití se prepara para una transición política bajo condiciones extremas. La celebración de elecciones en 2026 dependerá de la capacidad de recuperar el control territorial y garantizar la integridad del proceso democrático.