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El Gobierno del primer ministro Ulf Kristersson, está evaluando una posible prohibición nacional de la mendicidad. Si bien en muchas zonas del país ya se encuentra restringida, la propuesta podría elevar la restricción a nivel nacional.
Uno de las facciones que más desea esta medida es el partido de extrema derecha Demócratas Suecos (SD) el cual apoyo la propuesta durante el tratamiento del "Acuerdo Tidö" de 2022, el pacto en el que el SD se comprometió a apoyar a Kristersson. La representante del partido en el Parlamento, Linda Lindberg, aseguró que "en los primeros años de 2010, los ciudadanos de la Unión Europea (UE) empezaron a venir a Suecia en mayor medida que antes, entre otras cosas, para mendigar".
En efecto, afirma Lindberg, se desencadenaron "consecuencias negativas tanto para los indigentes como para la sociedad" como el aumento de la delincuencia. El Gobierno inició una comisión, encabezada por el ex magistrado Krister Thelin, para investigar cómo podría aplicarse la norma antes de junio de 2025.
La prohibición de mendigar fue introducida en varios municipios en 2018. El primero fue Vellinge, sus autoridades justificaron la restricción afirmando que los mendigos alteraban el orden público. Luego de que el Tribunal Supremo Administrativo confirmara la legalidad de la medida, otras ciudades, como Staffanstorp o Katrineholm siguieron su ejemplo.
Sin embargo, otras localidades como Eskilstuna intentó introducir un sistema de permisos para la mendicidad, pero fue rechazado por la autoridad regional lo que provocó en todo el país un matiz de legalidad en torno al acto de mendigar. Esto provocó que varios gobiernos locales le exigieran a Estocolmo una ley a nivel nacional.
Aun así, las asociaciones que se encargan de asistir a las personas vulnerables se oponen rotundamente a esta nueva iniciativa. De acuerdo con Fanny Siltberg, portavoz de la organización cristiana Stockholms Stadsmission, la prohibición es "un intento inútil de desplazar el problema ilegalizando la pobreza". Siltberg sostiene que para reducir la mendicidad se requieren intervenciones estructurales para reducir la pobreza y la discriminación.
Por otro lado, algunos cuestionan la legalidad de esta propuesta. Aida Samani, subdirectora jurídica de la organización de derechos humanos Civil Rights Defenders, asegura que la medida violaría el derecho a la intimidad y la libertad de expresión consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución sueca. Samani además aseguró que, si se aprueba la ley, su organización está dispuesta a presentar recursos.
Aunque Suecia no atraviesa problemas de mendicidad tan graves como otras naciones, el Gobierno sueco calcula que esta práctica aumentó drásticamente desde 2010 y apuntó contra ciudadanos de la UE quienes supuestamente vienen a Suecia a pedir dinero en las calles. No obstante, la edición sueca del periódico The Local pone en entredicho esta afirmación asegurando que, de hecho, hay un descenso significativo del número de mendigos en las calles suecas en los últimos años. Las razones que el medio presentan son dos. Por un lado, se lo adjudica al impacto de la pandemia de Covid-19 y, por otro lado, a la transición gradual hacia una sociedad casi sin dinero en efectivo.
Esta discrepancia entre la retórica oficial y los datos comunicados plantea interrogantes sobre las verdaderas motivaciones del Gobierno sobre este proyecto. El debate se extiende también a la propuesta el oficialismo de restringir la libre circulación dentro de la Unión Europea para quienes viajen con el único propósito de mendigar, una iniciativa que modificaría la libre circulación, uno de los pilares fundamentales de la Unión.
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