Ciudad de México,
Axel Olivares
Crédito foto: Axel Olivares (Composición/NotiPress)
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia emitió este miércoles 29 de julio una orden internacional de búsqueda y captura contra Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram. El organismo lo acusa de "complicidad en terrorismo" por mantener activos canales, chats y bots presuntamente utilizados por la inteligencia ucraniana y organizaciones calificadas como extremistas.
El FSB sostuvo que esos espacios digitales facilitaron "la preparación de atentados terroristas y actividades de ciberdelincuencia en Rusia, que se han saldado con numerosas víctimas mortales, incluidas mujeres y niños".
El Comité de Investigación ruso también examina varias causas relacionadas con el presunto reclutamiento de adolescentes para sabotajes y actos de terrorismo. Las autoridades investigan el uso del chatbot Dayvinchik/Leo, alojado en Telegram, como posible medio de contacto con jóvenes dentro del país.
Dúrov rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una persecución política. El empresario afirmó que el Kremlin busca argumentos para restringir el acceso a Telegram, una de las aplicaciones de comunicación con mayor presencia entre los usuarios rusos.
El fundador de Telegram se exilió de Rusia en 2014 tras negarse a entregar datos privados de usuarios al gobierno ruso. Dúrov creó en 2006 la red social VKontakte (VK), el equivalente ruso a Facebook. Entre 2011 y 2014, el FSB le exigió censurar comunidades de la oposición política y entregar datos de manifestantes ucranianos. Al negarse, fue obligado a vender sus acciones de VK y se fue definitivamente de Rusia.
La ofensiva judicial revela una contradicción operativa para Rusia. Telegram representa un canal difícil de supervisar para el Estado, pero también sostiene parte de las comunicaciones militares y del ecosistema informativo favorable a la invasión de Ucrania.
Soldados, mandos y operadores de drones recurren a grupos de Telegram para intercambiar información y coordinar actividades en el frente. Esta dependencia está relacionada con las deficiencias de los sistemas rusos de comunicación encriptada, que han llevado a distintas unidades a utilizar herramientas comerciales.
Asimismo, los llamados Z-bloggers mantienen canales donde publican información sobre operaciones militares, solicitan recursos para equipamiento y difunden contenidos dirigidos a respaldar a las fuerzas rusas.
Al mismo tiempo, la arquitectura que beneficia a las tropas rusas dificulta el control gubernamental. El FSB acusa a la inteligencia ucraniana de utilizar bots, perfiles anónimos y canales para contactar a ciudadanos rusos y promover acciones dentro del territorio.
El Kremlin además sostiene que Ucrania despliega operaciones terroristas destinadas a jóvenes rusos. Entre las acciones señaladas aparecen incendios contra centros de reclutamiento, sabotajes ferroviarios y atentados contra instalaciones estratégicas.
Telegram también ofrece acceso a publicaciones sobre bajas militares, ataques y condiciones en el frente que no siempre aparecen en los medios controlados por el Estado. Esa circulación de contenidos reduce la capacidad del Kremlin para centralizar la información disponible sobre la guerra.
La dependencia del país de la plataforma ha llegado hasta niveles militares, lo cual preocupa a Moscú. Si bien el Gobierno ha lanzado alternativas como MAX, un servicio de mensajería que se caracteriza por compartir toda la información de los usuarios con las autoridades, los rusos siguen prefiriendo Telegram.
En ese sentido, varios expertos apuntan a que, como Telegram opera fuera de Rusia y Dúrov se niega a entregar las llaves de cifrado, el gobierno ruso ha optado por la asfixia técnica y legal.
The Moscow Times, que opera en el exilio tras ser vetado en Rusia, ha desvelado memorandos internos del Ministerio de Vivienda y otras instituciones del Kremlin. En ellos se demuestra una orden gubernamental explícita: obligar a los ciudadanos a mudar todos sus chats vecinales e institucionales fuera de Telegram para introducirlos a MAX.
Colectivos como Roskomsvoboda, que vigilan la censura en internet en Rusia, han denunciado históricamente que las exigencias del FSB para que Telegram instale servidores locales en el país tienen el único fin de facilitar la vigilancia masiva de las comunicaciones y liquidar el anonimato de la disidencia.
El propio Dúrov ha asegurado a través de sus canales que las acusaciones penales presentadas por Rusia son "pretextos fabricados para suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión". Dúrov equipara públicamente esta campaña de acoso actual con la misma estrategia de extorsión estatal que sufrió en 2014, cuando el Kremlin logró arrebatarle el control total de VKontakte.
Telegram estuvo bloqueada en Rusia entre 2018 y 2020, cuando las autoridades intentaron obligar a Dúrov a entregar datos de usuarios. La prohibición fue retirada sin una explicación pública, lo que le permitió a la plataforma continuar creciendo hasta reunir decenas de millones de usuarios activos en el país. Hoy, el Gobierno ruso debe lidiar con una herramienta masiva que escapa de su control pero que opera en su propio territorio.