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Organizaciones civiles expusieron la crisis de derechos humanos que Turquía vive tras el sismo del pasado 6 de febrero de 2023. Esta situación de violencia se ha sostenido en el estado de excepción decretado por el desastre natural ocurrido.
Amnistía Internacional y Human Rights, señalan que los encargados de hacer cumplir la ley en la región devastada por los terremotos han golpeado, torturado y sometido a otros malos tratos a personas sospechosas de robo y saqueo. Lo anterior mediante un comunicado de prensa publicado el 5 de abril de 2023, al cual NotiPress pudo tener acceso.
De acuerdo con el comunicado, la violación de derechos humanos se ha realizado pese a que el gobierno turco afirma que aplica una política de "tolerancia cero hacia la tortura". No obstante, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley consideran el estado de excepción decretado con motivo del desastre natural como una licencia para la tortura. Así como "otros malos tratos e incluso para matar con impunidad", indicó Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch.
Según se indica, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han entrevistado a 34 personas. Al igual examinaron el material videográfico disponible, que registra 13 casos de violencia contra 34 víctimas masculinas.
Las organizaciones aseguran que la violencia fue perpetrada por la policía, la gendarmería o militares desplegados en las 10 provincias de Turquía. Dentro de este contexto, exponen que el 17 de marzo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch escribieron a los ministros de Interior y Justicia de Turquía.
El escrito tuvo la finalidad de comunicarles a los ministros las conclusiones de sus comprobaciones y solicitar información sobre las investigaciones a las denuncias de abusos presentadas. Sin embargo, el 29 de marzo, la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia respondió en nombre del propio Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior.
Como respuesta los ministerios afirmaban que el gobierno de Turquía tiene una política de tolerancia cero con la tortura. Además de sostener como "afirmaciones imprecisas desprovistas de base objetiva" las conclusiones de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
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