
Foto: x @jorgemillant
Un primer acuerdo entre el Gobierno interino y sectores de la oposición abrió cambios concretos en el sistema judicial venezolano y en la administración de recursos bloqueados en el exterior. El entendimiento coincide con nuevos reclamos por la situación de presos políticos y denuncias sobre presiones ejercidas contra sus familiares.
Las conversaciones concluyeron el 12 de agosto de 2026, después de cinco sesiones realizadas en Caracas con respaldo de Estados Unidos. Las delegaciones acordaron iniciar un nuevo proceso para renovar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y modificar su marco legal.
Dinorah Figuera, representante de la delegación opositora, confirmó que comenzará un nuevo proceso de postulaciones para seleccionar y designar a todos los magistrados. La medida retoma una discusión legislativa iniciada meses antes y contempla otra reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Nuevos controles para seleccionar magistrados
El entendimiento incluye renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales, encargado de evaluar a quienes aspiren a integrar el máximo tribunal venezolano. También contempla crear un consejo responsable de revisar credenciales, requisitos constitucionales y criterios establecidos para evaluar a cada postulante.
Las partes acordaron comenzar durante agosto los anuncios oficiales y las primeras acciones relacionadas con los compromisos alcanzados durante las conversaciones. Figuera afirmó que el cronograma funcionará mediante un mecanismo continuo destinado a asegurar el cumplimiento de cada punto negociado.
Otro acuerdo busca recuperar activos de las reservas internacionales venezolanas depositados en el Banco de Inglaterra, cuyo acceso permaneció bloqueado durante años. Esos recursos serían destinados a atender las consecuencias de los terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 6.300 muertos.
Las delegaciones también plantearon establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para supervisar el eventual uso de esos fondos internacionales. El acceso a estas reservas había sido solicitado anteriormente por Venezuela sin conseguir autorización para disponer de los activos depositados en Reino Unido.
Familias denuncian efectos de las detenciones políticas
Mientras avanzan las negociaciones institucionales, Justicia Encuentro y Perdón denunció que familiares de presos políticos enfrentan una práctica denominada "castigo extendido". La organización sostiene que más de 500 personas permanecen encarceladas por razones políticas, pese a liberaciones vinculadas con la Ley de Amnistía.
x @JEPvzla
La organización afirmó que familiares enfrentan amenazas de persecución, represalias y hostigamiento cuando denuncian públicamente las condiciones de sus allegados detenidos. Algunos mantienen vigilias frente a centros penitenciarios y otros puntos de Caracas mientras reclaman información y la liberación de sus familiares.
Justicia Encuentro y Perdón también reportó casos de familias obligadas a abandonar Venezuela y dificultades posteriores para conocer la situación de los detenidos. La organización señaló que el terremoto agravó esa incertidumbre debido a los daños registrados y las restricciones para acercarse a determinados centros penitenciarios.
Representantes opositores también se reunieron durante las conversaciones con familiares de presos, jubilados y trabajadores de medios de comunicación para escuchar sus demandas. Fuera del lugar de negociación, manifestantes reclamaron elecciones presidenciales, liberación de presos políticos, mejoras salariales y mayor información sobre el proceso de diálogo.
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