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Importadores estadounidenses abrieron un nuevo frente judicial contra los aranceles ordenados por Donald Trump sobre productos procedentes de 60 países. Dos pequeñas empresas solicitaron frenar la medida y cuestionaron la legitimidad del presidente para imponer un gravamen generalizado sin justificar las prácticas comerciales atribuidas a cada país.
La acción es una respuesta a la entrada en vigor de aranceles entre 10% y 12,5%, aplicados bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, legislación que le permitiría al Gobierno investigar y sancionar a países que violen acuerdos comerciales o realicen prácticas "injustas, irrazonables o discriminatorias". La Casa Blanca argumenta que los gravámenes se dan luego de una investigación que detectó una falta de marcos legales para evitar el trabajo forzoso en las 60 economías a las cuales se dirige el arancel.
Sin embargo, este argumento no convence a los importadores, sobre todo a Burlap & Barrel, importadora de especias que trabaja directamente con agricultores de distintos países, y a Collective Horology, minorista de relojes con sede en California, las cuales presentaron este viernes 24 de julio una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York. Ambas reciben representación del Liberty Justice Center, una organización jurídica sin fines de lucro.
Las compañías sostienen que la Casa Blanca intenta restablecer un esquema arancelario amplio después de que la ronda anterior de aranceles fuera declarada ilegal. En febrero de 2026, la Corte Suprema anuló la primera ola arancelaria al determinar que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, invocada por Trump, no autorizaba al presidente a imponer aranceles de manera unilateral.
El planteamiento de ambas firmas señala que la Sección 301 exige examinar prácticas comerciales desleales o discriminatorias, en lugar de aplicar tasas uniformes a numerosos países. Jeffrey Schwab, abogado del Liberty Justice Center, afirmó que la Sección 301 no contiene facultades "para gravar prácticamente todas las importaciones de prácticamente todos los países a tasas preestablecidas".
La demanda solicita declarar ilegales los nuevos aranceles, impedir su aplicación y preservar el derecho de los importadores a recuperar los pagos realizados. El reclamo fue planteado como una propuesta de demanda colectiva, por lo cual podría sumar a otros importadores registrados que deban cubrir los nuevos cargos.
Varios estados encabezados por políticos demócratas también analizan una nueva demanda conjunta. El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, informó que su estado estudia opciones legales y afirmó que los gravámenes elevarán los costos internos sin combatir el trabajo forzoso en otros países.
Por qué estos aranceles son más difíciles de impugnar
Los nuevos gravámenes se apoyan en la Sección 301, una disposición que autoriza expresamente al presidente a imponer aranceles frente a prácticas comerciales consideradas desleales. Esta base legal fue utilizada por Trump en su primer mandato para aplicar aranceles masivos contra China por el robo de propiedad intelectual y transferencia tecnológica forzada.
Esto hace que sea más difícil impugnarlos porque, a diferencia del caso anterior (en el cual la Corte Suprema dictaminó que el Poder Ejecutivo estaba usurpando la facultad exclusiva del Congreso), aquí el presidente actúa dentro de una facultad que el Congreso le otorgó de forma explícita. Los tribunales suelen conceder mayor margen al Ejecutivo cuando la ley menciona directamente la facultad arancelaria. Además, una impugnación requeriría cuestionar el alcance y la aplicación concreta de la política, en lugar de limitarse a determinar si el presidente carece por completo de autoridad.
La dificultad no elimina las objeciones. Los demandantes argumentan que la Sección 301 se utilizó históricamente contra países o industrias específicas y que nunca respaldó un arancel generalizado de estas dimensiones.
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