X demanda a California para evitar revelar cómo toma decisiones de contenido

El 9 de septiembre, X Corp, de Elon Musk, presentó una demanda para bloquear la ley de moderación de contenido de California AB 578. En el documento, la compañía estipula que la ley, promulgada en septiembre de 2022, es anticonstitucional, pues quebranta el derecho a la libre expresión. Esta consideración se desprende del requisito, "informe de términos de servicio", que las autoridades del estado solicitan a las plataformas de redes sociales. X Corp argumenta, esto los obliga a participar en discurso en contra de su voluntad e interferir con los juicios editoriales de la compañía, siendo esto anticonstitucional.

La ley promulgada por el estado de California tiene como objetivo establecer "medidas de transparencia", bajo las cuales ciertas compañías deben hacer públicas las políticas y estadísticas de moderación de contenido. Sin embargo, X Corp alega que la verdadera intención del estado es presionar a las plataformas para eliminar aquel contenido visto por el estado como problemático. De este modo, la empresa de Musk describe, esta medida también infringe la ley AB587, Cláusula de Comercio Inactivo. Esta ley otorga a las plataformas inmunidad de responsabilidad, la cual es aplicable a cualquier acción tomada voluntariamente para restringir el acceso a material que el proveedor considere obsceno, lascivo o violento.

Ante la demanda, el asambleísta, autor de la medida AB 587, Jesse Gabriel, emitió un comunicado explicando que esta no estípula ninguna política de moderación, únicamente requiere que se haga pública información sobre si se modera el contenido y cómo se realiza esto.

Algunos grupos tecnológicos también se han pronunciado en contra de esta ley y en favor de la solicitud X Corp, para bloquear la ley, la cual contempla sanciones de hasta 15 mil dólares para quienes no hagan pública la información solicitada por el estado. Adam Kovacevich, CEO de Chamber of Progress, comentó para Arstechnica que publicar los planes de trabajo de moderación puede tener consecuencias negativas para los usuarios. Pues esto supone, que cada empresa pueda establecer sus propios estándares editoriales y basarse en divulgaciones intrusivas del propio Gobierno.