Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
El debate regulatorio de las telecomunicaciones mexicanas comienza a enfrentar un problema que merece una mirada integral: no solamente importa cuánto cuesta cada nueva obligación, sino cuánto cuesta cumplir con todas ellas al mismo tiempo.
La actualización de la NOM-184, cuyo objetivo es fortalecer la protección de los consumidores de servicios de telecomunicaciones, forma parte de una agenda regulatoria cada vez más amplia. La norma vigente establece obligaciones sobre información, contratos, atención al consumidor, facturación, interrupciones, devoluciones, servicios adicionales y equipos terminales.
Así, el objetivo de proteger al consumidor es difícilmente cuestionable. De hecho, el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2026 justifica la modificación de la NOM-184 a partir de la necesidad de actualizar obligaciones ante cambios tecnológicos, nuevas prácticas de consumo y el incremento de inconformidades.
La pregunta distinta es si existe una evaluación integral de la carga que acumula el sector.
En los últimos años, los operadores han tenido que responder simultáneamente a nuevas obligaciones y discusiones regulatorias relacionadas con protección al consumidor, registro de líneas, seguridad pública, infraestructura, derechos de las audiencias, inteligencia artificial (IA), propiedad intelectual, responsabilidades de los proveedores de servicios de internet, cobertura, soterramiento de cableado y obligaciones fiscales, además del costo por el uso del espectro radioeléctrico.
Cada medida puede tener una justificación propia. El desafío aparece cuando todas recaen sobre el mismo sector y, en última instancia, sobre empresas que necesitan invertir de manera constante para ampliar capacidad y cobertura.
El tema de fondo es si México está midiendo el costo regulatorio acumulado y su efecto sobre inversión, competencia y precios.
Esto importa porque telecomunicaciones es un sector con una característica particular: requiere enormes inversiones de largo plazo, pero al mismo tiempo enfrenta una presión permanente para ofrecer servicios cada vez más accesibles.
Costos
Por su parte, el costo del espectro es un buen ejemplo. El IFT encontró que, en distintas bandas, el costo total podía ubicarse entre 88% y 96% por encima de la mediana internacional y advirtió que los derechos constituían una barrera para la entrada y expansión de operadores.
Al mismo tiempo, la autoridad regulatoria actual sostiene que, con datos actualizados a 2025, México se encuentra 7% por debajo del promedio internacional y que los descuentos aprobados para 2026 reducirán aún más el costo.
Lejos de cerrar la discusión, estas dos mediciones muestran por qué sería conveniente contar con una evaluación permanente y transparente de los costos regulatorios y económicos que enfrenta el sector.
La situación tampoco afecta de la misma manera a todos los jugadores. Telcel, AT&T y Movistar tienen distintas escalas, estructuras de red y posiciones competitivas; los OMV, como Bait, operan bajo modelos distintos y dependen de condiciones mayoristas. Una nueva obligación puede representar un costo marginal para una empresa y uno mucho más relevante para otra.
Ese es precisamente el punto de la doctrina económica de los llamados deep pockets: una empresa con mayor escala puede tener más capacidad para absorber temporalmente costos que un competidor pequeño. Si las obligaciones acumuladas elevan demasiado las barreras de entrada o expansión, el resultado puede ser menos competencia.
Y menos competencia puede terminar significando menos opciones para el consumidor.
Por ello, la discusión sobre la NOM-184 y el resto de la agenda regulatoria debería incorporar una pregunta adicional: ¿cuál es el costo total de regulación para el ecosistema de telecomunicaciones y qué impacto tiene sobre inversión, innovación, cobertura, calidad y precios?
Proteger al consumidor no debería significar solamente establecer más obligaciones para los proveedores. También implica construir un mercado financieramente sostenible, competitivo y capaz de seguir invirtiendo.
La mejor regulación no es necesariamente la que acumula más reglas, sino aquella que consigue el equilibrio entre derechos, seguridad, competencia, inversión y accesibilidad.
En un sector que conecta prácticamente toda la economía digital, esa conversación ya no es exclusiva de los operadores. También es una conversación sobre el futuro de la conectividad en México.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
