Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Hay acuerdos que cambian una relación entre países. Y hay otros que revelan cuáles son realmente las prioridades de esa relación. El pacto petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela pertenece, por ahora, a la segunda categoría.
Washington asegura haber obtenido control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas venezolanas, mediante una estructura con participación de empresas privadas y desarrollo de 17 campos petroleros. Del lado venezolano, Delcy Rodríguez habla de un acuerdo de 25 años, una meta de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios y hasta 209 mil millones de dólares de ingresos para el Estado.
Más allá de las cifras, lo verdaderamente relevante es el cambio político que acompaña al acuerdo. Estados Unidos ha pasado de una política centrada en presionar al régimen venezolano a involucrarse directamente en la reconstrucción de su principal industria.
Eso modifica las reglas del juego. Durante años, la democracia venezolana fue presentada por Estados Unidos como el objetivo central de su política hacia Caracas. Ahora, la recuperación petrolera, la estabilidad energética y la inversión ocupan un lugar mucho más visible.
No significa que la democracia haya desaparecido de la agenda. Significa algo más incómodo: parece haber dejado de ser la condición previa para avanzar.
El petróleo vuelve a funcionar como puente diplomático. Y también como moneda de cambio.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su industria se encuentra muy lejos de su potencial. Años de deterioro, falta de inversión, sanciones y problemas de infraestructura redujeron drásticamente su capacidad productiva.
Para Estados Unidos, el atractivo es evidente. El acuerdo puede abrir una fuente de crudo pesado cercana geográficamente, generar oportunidades para empresas estadounidenses y contribuir a reponer la Reserva Estratégica de Petróleo. Trump incluso anunció que el petróleo venezolano será utilizado para comenzar a llenar nuevamente esa reserva.
Para Venezuela, la ecuación también parece clara: necesita inversión, infraestructura, producción y divisas. Pero existe una tercera variable que no puede quedar fuera: ¿quién decide el futuro político del país?
Ahí se establece el verdadero dilema. Si la transición venezolana termina construyéndose alrededor de la recuperación petrolera, existe el riesgo de que la legitimidad política pase a segundo plano frente a la estabilidad necesaria para producir.
No sería la primera vez en la historia que los recursos naturales terminan pesando más que las instituciones.
El gobierno venezolano sostiene que el país mantiene la soberanía sobre sus recursos naturales. Y jurídicamente esa distinción importa: el acuerdo no significa, por sí mismo, que Estados Unidos se haya convertido en propietario de todo el petróleo venezolano.
Pero existe una diferencia entre poseer un recurso y tener una posición dominante sobre su explotación, comercialización y beneficios. Washington habla de una participación efectiva de 55% en la nueva estructura.
Por eso sería simplista afirmar que Estados Unidos simplemente "se quedó" con el petróleo venezolano. No hay evidencia suficiente para sostener esa conclusión en términos de propiedad total. Pero también sería ingenuo ignorar la dimensión geopolítica.
Estados Unidos está asegurando una posición privilegiada sobre uno de los mayores depósitos de petróleo del planeta. Y eso tiene un valor estratégico que va mucho más allá del precio de la gasolina.
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