Ciudad de México,
Axel Olivares
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Francia dio marcha atrás, al menos por ahora, en su intento de impedir que los menores de 15 años accedan a redes sociales. El Consejo Constitucional bloqueó la ley aprobada a finales de julio por ambas cámaras del Parlamento al considerar que algunas de sus disposiciones afectaban de manera excesiva derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y el respeto a la vida privada.
La iniciativa tenía previsto entrar en vigor el 1 de septiembre para impedir la apertura de nuevas cuentas por parte de menores de 15 años. Desde enero, la restricción también habría alcanzado a cuentas ya existentes, que debían ser identificadas mediante sistemas de verificación de edad y posteriormente cerradas por las plataformas.
Aunque el Consejo reconoció como legítimo el objetivo de proteger a niños y adolescentes frente a determinados riesgos digitales, cuestionó la forma elegida para hacerlo. Uno de los principales problemas era que la prohibición alcanzaba a todos los usuarios menores de 15 años sin considerar las diferencias entre plataformas, sus funciones o los mecanismos de protección que pudieran ofrecer.
El órgano constitucional sostuvo que algunas disposiciones "constituían una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión y comunicación". Para el Consejo, una restricción general podía terminar afectando también el acceso a servicios que no representaran un riesgo significativo para los menores.
Otro vacío estaba relacionado con el papel de padres y tutores. La norma no establecía de manera suficiente en qué casos podrían autorizar el acceso de un menor, lo que dejaba sin resolver una parte importante de la aplicación cotidiana de la prohibición.
Para hacer cumplir el veto, la ley obligaba a acreditar la edad de los usuarios. Esa exigencia no recaía únicamente sobre niños y adolescentes: cualquier persona que quisiera utilizar los servicios alcanzados por la norma debía pasar por algún mecanismo de comprobación.
El problema era que el texto no definía con precisión qué información tendría que entregarse, cómo sería procesada ni bajo qué límites podría utilizarse. El Consejo concluyó que la legislación no contenía "las garantías legales necesarias para asegurar el respeto de la vida privada".
Esta dificultad vuelve especialmente complejo el diseño de una prohibición por edad. Para impedir que un menor abra una cuenta, las plataformas necesitan distinguirlo de un adulto, pero esa identificación puede requerir recopilar información personal de usuarios que no están sujetos a la restricción.
El rechazo constitucional no implica que el gobierno francés haya abandonado la idea. La oficina del presidente Emmanuel Macron anunció que trabajará "con la mayor celeridad posible" para modificar la propuesta y atender los reparos planteados.
Macron encargó al primer ministro Sébastien Lecornu revisar el articulado. El objetivo político sigue siendo conseguir que una nueva regulación pueda entrar en vigor antes de la primavera de 2027. El caso también interrumpe la posibilidad de que Francia se convierta en el primer país europeo en aplicar una prohibición de este tipo.
Australia ya adoptó una restricción para menores de 16 años, mientras otros gobiernos analizan alternativas que no se limitan a cerrar el acceso y apuntan a restringir funciones como los algoritmos de personalización, el desplazamiento infinito o las notificaciones.